Viernes, 27 de enero de 2012
El Gobierno multará con el 0,2 % del PIB a las administraciones incumplidoras
Efe
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el anteproyecto de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que prevé una multa del 0,2 % del PIB a las administraciones que no cumplan
con la
senda de reducción de déficit para alcanzar a partir del 2020 el
equilibrio presupuestario.
Con la norma España "ha tomado la delantera" en el impulso a la estabilidad presupuestaria en el seno de la Unión Europea, ha dicho la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que la ha calificado como una "reforma estructural de primer orden" adoptada "en un plazo muy reducido".
Esta será una de las bazas que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, presentará ante sus colegas comunitarios en su primer Consejo Europeo, que se celebra el 30 de enero.
El anteproyecto destaca que la sanciones impuestas a España por la Unión Europea (UE) en materia de estabilidad serán asumidas por la administración responsable.
Así, en el caso de que una administración incumpla el plan económico-financiero esta deberá constituir un depósito retribuido del 0,2 % de sus PIB nominal, que a los seis meses podrá convertirse en multa en caso de que los incumplimientos se reiteren.
A los nueve meses, Hacienda podrá enviar una delegación para valorar la situación económico-presupuestaria de la administración incumplidora.
"La visita no es amable", ha admitido por su parte el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, respecto a la delegación que podrá enviar Hacienda.
El formato sería similar a las troikas que se envían a los países del euro incumplidores para "poner los deberes, trabajar en paralelo y acometer los ajustes correspondientes", ha dicho el ministro.
Sobre las sanciones, ha afirmado que la ley se hace precisamente "para que España no tenga sanciones", pero en el supuesto de que las haya "la intención es que el responsable se haga cargo con consecuencias políticas y económicas".
Por ello, ha pedido "aceptarlo con la naturalidad del sistema que aceptamos como propio en la UE".
Todo ello, según ha recalcado, con un "cuidado extremo en no interferir en la capacidad de autogobierno de comunidades autónomas y entes locales".
Sáenz de Santamaría, ha explicado que "esta misma tarde" se va a remitir el anteproyecto a los portavoces del PSOE -con el que se consensuó la reforma constitucional que da origen a esta ley- y del resto de los grupos políticos que deberán votarla en el Parlamento.
Se hará en paralelo a la preceptiva remisión al Consejo de Estado, que deberá dar una opinión sobre el texto.
De este modo se busca ampliar al plano político el acuerdo territorial que se ha conseguido con comunidades autónomas y entes locales, que han aceptado que aprobar techos de gasto previos a sus presupuestos y enfrentarse a sanciones si incumplen los objetivos marcados.
El ministro Montoro ha recordado que se da traslado a la legislación española de la normativa europea en materia de sanciones y de inspecciones a las administraciones incumplidoras de los planes económico-financieros.
Además, el gasto no podrá aumentar por encima de la tasa de crecimiento del PIB y ha añadido que se da prioridad al pago de los intereses y del capital de la deuda pública para dar seguridad a los inversores.
Todas las administraciones deben presentar equilibrio o superávit y ninguna podrá incurrir en déficit estructural (del 0,4 %), salvo situaciones excepcionales, a partir de 2020, tal y como ha explicado también hoy en Davos el ministro de Economía, Luis de Guindos.
Hasta esa fecha serán los programas de estabilidad de la Comisión Europea los que determinen los objetivos de déficit, que por el momento están fijados en el 4,4 % para 2012, si bien cabe la posibilidad de que la caída de la economía conlleve una relajación de esta cifra.
En paralelo la ley también establece un mecanismo extraordinario de apoyo a la liquidez para aquellas comunidades autónomas y corporaciones locales que lo soliciten.
Este mecanismo estará condicionado a un plan de ajuste sometido a rigurosas condiciones de seguimiento, remisión de información y medidas de ajuste extraordinarias.
Con la norma España "ha tomado la delantera" en el impulso a la estabilidad presupuestaria en el seno de la Unión Europea, ha dicho la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que la ha calificado como una "reforma estructural de primer orden" adoptada "en un plazo muy reducido".
Esta será una de las bazas que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, presentará ante sus colegas comunitarios en su primer Consejo Europeo, que se celebra el 30 de enero.
El anteproyecto destaca que la sanciones impuestas a España por la Unión Europea (UE) en materia de estabilidad serán asumidas por la administración responsable.
Así, en el caso de que una administración incumpla el plan económico-financiero esta deberá constituir un depósito retribuido del 0,2 % de sus PIB nominal, que a los seis meses podrá convertirse en multa en caso de que los incumplimientos se reiteren.
A los nueve meses, Hacienda podrá enviar una delegación para valorar la situación económico-presupuestaria de la administración incumplidora.
"La visita no es amable", ha admitido por su parte el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, respecto a la delegación que podrá enviar Hacienda.
El formato sería similar a las troikas que se envían a los países del euro incumplidores para "poner los deberes, trabajar en paralelo y acometer los ajustes correspondientes", ha dicho el ministro.
Sobre las sanciones, ha afirmado que la ley se hace precisamente "para que España no tenga sanciones", pero en el supuesto de que las haya "la intención es que el responsable se haga cargo con consecuencias políticas y económicas".
Por ello, ha pedido "aceptarlo con la naturalidad del sistema que aceptamos como propio en la UE".
Todo ello, según ha recalcado, con un "cuidado extremo en no interferir en la capacidad de autogobierno de comunidades autónomas y entes locales".
Sáenz de Santamaría, ha explicado que "esta misma tarde" se va a remitir el anteproyecto a los portavoces del PSOE -con el que se consensuó la reforma constitucional que da origen a esta ley- y del resto de los grupos políticos que deberán votarla en el Parlamento.
Se hará en paralelo a la preceptiva remisión al Consejo de Estado, que deberá dar una opinión sobre el texto.
De este modo se busca ampliar al plano político el acuerdo territorial que se ha conseguido con comunidades autónomas y entes locales, que han aceptado que aprobar techos de gasto previos a sus presupuestos y enfrentarse a sanciones si incumplen los objetivos marcados.
El ministro Montoro ha recordado que se da traslado a la legislación española de la normativa europea en materia de sanciones y de inspecciones a las administraciones incumplidoras de los planes económico-financieros.
Además, el gasto no podrá aumentar por encima de la tasa de crecimiento del PIB y ha añadido que se da prioridad al pago de los intereses y del capital de la deuda pública para dar seguridad a los inversores.
Todas las administraciones deben presentar equilibrio o superávit y ninguna podrá incurrir en déficit estructural (del 0,4 %), salvo situaciones excepcionales, a partir de 2020, tal y como ha explicado también hoy en Davos el ministro de Economía, Luis de Guindos.
Hasta esa fecha serán los programas de estabilidad de la Comisión Europea los que determinen los objetivos de déficit, que por el momento están fijados en el 4,4 % para 2012, si bien cabe la posibilidad de que la caída de la economía conlleve una relajación de esta cifra.
En paralelo la ley también establece un mecanismo extraordinario de apoyo a la liquidez para aquellas comunidades autónomas y corporaciones locales que lo soliciten.
Este mecanismo estará condicionado a un plan de ajuste sometido a rigurosas condiciones de seguimiento, remisión de información y medidas de ajuste extraordinarias.
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