La consejera de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Margarita Ramos, y los grupos del Parlamento de Canarias

reconocieron hoy que han producido una "inflación" legislativa, una "maraña" que obstaculiza la planificación energética y desincentiva la inversión.

En una comparecencia parlamentaria para tratar sobre el Plan Territorial de Infraestructuras Energéticas en La Palma, iniciado en 2007 y aún sin concluir su tramitación, la consejera y los portavoces coincidieron en la urgencia de solucionar el enredo.

"Nos hemos dotado de una inflación legislativa que se ha vuelto inoperante e ineficaz", dijo la consejera.

En su opinión, las autorizaciones y licencias vigentes conviven mal con la situación de crisis y con la demanda ciudadana de procedimientos administrativos rápidos y eficaces que favorezcan la inversión, y no que la desincentiven.

En el caso de la energía, "la maraña legislativa" es "entorpecedora" y hay que "dar pasos firmes para abordar con rotundidad esta cuestión", dijo la consejera.

Defendió la necesidad de "un pacto institucional" entre las administraciones autonómica, insulares y locales para simplificar los procedimientos administrativos y para suprimir actuaciones de unas administraciones en favor de otras.

"Tiene que haber una neta separación de las competencias de cada administración", según Margarita Ramos, y en el caso de la energía la planificación de las infraestructuras corresponde al Gobierno de Canarias, mientras que la función de los cabildos es su ubicación geográfica.

El diputado del PP Manuel Fernández mostró sus dudas sobre si será posible "deshacer la maraña legislativa que nos hemos dado", en la que "todo el mundo es competente, todo el mundo decide, una competencia se superpone a la otra".

"Lo hemos enredado nosotros mismos", admitió el parlamentario, para quien no se puede hacer un plan insular si los cabildos entran en todo tipo de competencias sin corresponderles.

Los cabildos deben limitarse a definir geográficamente por dónde van a pasar las líneas de transporte y las infraestructuras, "pero no entrar más allá".

En planificación energética, los cabildos pueden dar su opinión, pero no son competentes, dijo Manuel Fernández, quien reclamó "una marcha atrás rápida y urgente" en la maraña legislativa "para salir del enredo".

El diputado del grupo nacionalista José Miguel González admitió que con el esquema "que nos hemos dado" es imposible desarrollar los planes de infraestructuras energéticas.

También subrayó que la planificación energética es competencia de la Comunidad Autónoma y del Estado, mientras que la competencia del Cabildo se limita a la ubicación de las instalaciones.

"Es ineficaz hacer planes y contraplanes, hay que simplificar claramente el sistema que tenemos, no sirve", sentenció José Miguel González.

Rita Gómez, del PSOE, admitió también que "el jaleo burocrático y administrativo" impide avanzar y consideró fundamental la coordinación entre administraciones.