Al menos el 60% de los fondos que el Sistema Nacional de Salud (SNS) ha dedicado a tratamientos rehabilitadores de dolor de cuello,

espalda y hombro se ha destinado a procedimientos carentes de fundamento científico o inútiles, lo que constituye un "derroche" anual de unos 75 millones de euros.

Así lo revela un estudio del Servicio Canario de la Salud (SCS) en el que han participado más de 19.000 pacientes y que demuestra, según el presidente de la Organización Médica Colegial, Juan José Rodríguez Sendín, que no tiene sentido plantear medidas como el copago mientras no se racionalicen las "bolsas de ineficiencia" que arrastra la Sanidad pública.

Francisco Kovacs, coautor del estudio y director de la Red Española de Investigadores en Dolencias de la Espalda (REIDE), ha dicho que estos datos deben empujar a las autoridades sanitarias a "no retrasar más" la aplicación de medidas que garanticen que se decide con lógica "qué tratamientos financia la Sanidad pública y cuáles no".

"En el contexto de una crisis económica no tiene sentido seguir dilapidando recursos en procedimientos inútiles o contraproducentes, ni continuar renunciando al ahorro que generan las tecnologías eficientes", ha aseverado.

Ambos doctores han recordado que el uso de tratamientos ineficaces expone a los pacientes a riesgos y costes injustificados y han demandado que no haya que esperar a "escándalos" como el de las prótesis mamarias PIP para adoptar pautas que controlen la eficiencia del gasto sanitario en innovaciones tecnológicas.

La investigación se realizó en el Servicio Canario de la Salud porque ha sido el primero de toda España en implantar un sistema informatizado de gestión, que ha hecho posible computar los tratamientos rehabilitadores que recibía cada paciente.

Entre 2004 y 2007, el SCS gastó más de 5 millones de euros en costear en centros privados concertados el tratamiento rehabilitador de 8.308 pacientes con dolor de cuello, 5.693 con dolor lumbar y 5.035 con dolor de hombro.

Como media, estos usuarios recibieron entre 30 y 35 sesiones de rehabilitación, en las que se aplicaron unas cuatro técnicas distintas.

Del total de los tratamientos aplicados, solo el 39,9% -que supusieron el 40,5% de los costes- contaba con pruebas científicas sobre su eficacia y el resto, no.

Así, el 59,5% de los fondos públicos se destinó a pagar tratamientos carentes de fundamento científico y, de ellos, el 27,54% cubrió la aplicación de técnicas que habían demostrado previamente ser inútiles.

Pero éste es un cálculo "muy conservador", ha advertido Kovacs, pues se realizó asumiendo siempre la hipótesis más favorable para la eficiencia de los recursos sanitarios.

Por ejemplo, para considerar que un tratamiento era efectivo bastó con que una sola revisión sistemática o guía de práctica clínica lo clasificara como tal, aunque todas las demás concluyeran lo contrario.

Además, nada más se calcularon los costes de los pacientes tratados en clínicas privadas concertadas -que sólo representan el 70% del total- y en los que algunos costes, como los de personal, suelen ser inferiores a los de la Sanidad pública.

El experto ha explicado que aunque la cuantía de los recursos públicos invertidos en rehabilitación puede variar de un servicio de salud a otro, la proporción de los costes destinados a tecnologías que cuentan y carecen de fundamento científico -40% y 60%, respectivamente- es válida para el conjunto de las CCAA.

De hecho, ha concluido, los datos disponibles reflejan que la práctica clínica con esos enfermos es muy similar en todos ellos, aplicando técnicas cuya utilidad no se ha corroborado científicamente como termoterapia, láser cutáneo, magnetoterapia, estimulación eléctrica, onda corta o ultrasonidos, entre otros.

Tanto Sendín como Kovacs han hecho hincapié en que estos resultados aconsejan, en el contexto actual de crisis económica, dejar de pagar con recursos públicos los procedimientos inútiles y reinvertirlos en tratamientos y tecnologías con unos resultados sometidos a la evidencia científica.