Las administraciones de Canarias tienen una deuda de 1.145 millones de euros con las empresas constructoras, según el borrador del último estudio realizado por las patronales del Archipiélago. Una cifra que podría llegar a incrementarse si se contabilizan las obras que aún están pendientes de ser reconocidas.
"Creo que hay deudas ocultas, por decirlo de alguna manera. Me refiero a obras en las que se han hecho modificaciones o se añadieron trabajos complementarios",
afirmó el presidente de la Federación de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (Fepeco), Antonio Plasencia. "Hay una serie de obras realizadas para las administraciones que aún no están recogidas porque siguen pendientes de que las reconozca la autoridad judicial o de que sean objeto de reconocimiento extrajudicial de crédito y, hasta que no concluyan esos procedimientos judiciales o administrativos, la deuda no aparece recogida por ninguna parte", agregó.
Como ejemplo de las obras que realizan las empresas de la construcción pero que no figuran de manera oficial en el cómputo de deuda, Plasencia puso los trabajos que se tuvieron que hacer en San Andrés como consecuencia del temporal. "Se tuvo que meter por la vía de urgencia, así que no figura por ninguna parte", explicó.
La Confederación Nacional de la Construcción ha elaborado un informe en el que cifra en 29.000 millones de euros la deuda que tienen los ayuntamientos españoles con las empresas constructoras. Según este estudio, sólo las corporaciones locales de las Islas tienen obligaciones que superan los 800 millones de euros. A esta cantidad habría que sumar el dinero que les adeudan tanto los cabildos como el Gobierno canario.
Los ayuntamientos de la provincia de Las Palmas son los más cuentas pendientes de pago tienen. De los 842.471 millones de euros que deben los consistorios canarios, 493.756 millones proceden de facturas que aún no se han abonado en la provincia oriental. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife la mora de los ayuntamientos asciende a 402.751 millones de euros.
Los más de 800 millones de euros que los ayuntamientos canarios deben a las empresas de construcción no sólo proceden de las obras realizadas durante 2010, sino también de ejercicios anteriores, debido a que los ingresos municipales fueron cayendo desde que comenzó la crisis y las arcas municipales no tienen suficientes para cumplir con todas las obligaciones de pago, ni con las recientes ni con las que siguen pendientes de ser abonadas.
A esto hay que añadir que las corporaciones locales también están teniendo problemas para poder acceder a los créditos bancarios y, aunque se les concediera el préstamo, todos los ayuntamientos deben cumplir unos parámetros de endeudamiento que están establecidos en la Ley de Haciendas Locales y que no les permiten superar el 110% de los presupuestos municipales.
"En Canarias la situación está peor que en ninguna parte porque el paro es alto pero la realidad es que las administraciones en España están sin dinero", dijo Plasencia.
No obstante, hay comunidades que deben más dinero que las Islas. Según la Confederación Nacional de la Construcción, Madrid es la que más adeuda con 7.762 millones de euros, le sigue Cataluña con 5.135 millones y Andalucía, con 4.527 millones. Luego están Valencia (3.011), Castilla y León (1.102) o Aragón (1.043).
La consecuencia son los despidos
Una de las consecuencias de que las empresas de la construcción no tengan liquidez es la reducción de las plantillas. "Algo muy común es que cuando las administraciones te piden que hagas una obra nueva, te pagan parte de lo que te debían anteriormente a condición de que comiences con la nueva. Esto repercute en que tengas que despedir a gente y en que carezcas de liquidez para estar al día con los pagos de la Seguridad Social", comentó el presidente de Fepeco, Antonio Plasencia.
Si las constructoras no están al día con los pagos de la Seguridad Social no pueden obtener el certificado de solvencia, por lo que tampoco se pueden presentar a las convocatorias de concursos públicos. "Nuestra lucha es que implanten un sistema de compensación en el que la deuda pública sea computada por los impuestos que tenemos que pagar", agregó Plasencia.
Por su parte, el presidente de Federación de Empresarios del Metal y Nuevas Tecnologías de Tenerife, José Luis García, explicó que la deuda de las corporaciones locales con el sector podría estar rondando los 800.000 o 900.000 euros. "Estamos notando que las facturas se están empezando a pagar. A finales del año pasado y principios de este hemos cobrado una parte de las deudas municipales. Además, en la reforma bancaria ha salido la línea de crédito ICO cuya finalidad es solventar esas deudas con las empresas así que esperamos poder empezar a cobrar", dijo.
En cuanto a las administraciones que más tardan en pagar sus cuentas pendientes, el presidente de Femete aseguró que son los cabildos los que más se demoran. "El Gobierno está pagando en un plazo de entre 90 y 100 días por lo que se incumple la Ley de Morosidad en la que se recoge que la administración tiene que pagar en 60 días y el año que viene en 30 días pero esto no cumple y, a pesar de que es un delito incumplirlo, como no se especifican las sanciones, nadie la cumple", dijo.
Fuente: La Opinion - HARIDIAN DEL PINO