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Efe
Jueves, 16 de febrero de 2017

Familia de fallecido pide responsabilidades penales y políticas

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Sergio Lourenso, en representación de la familia de uno de los seis jóvenes que en 2007 fallecieron en un accidente en la galería de aguas "Piedra de los Cochinos", en Los Silos (Tenerife),

ha pedido hoy que se estudien las responsabilidades penales y políticas del sucesos.

En rueda de prensa, Lourenso, que representa a la familia de Maurizio Tassoti, recordó que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha condenado al Gobierno canario y, como responsable solidario a Aguas Heredamientos de Daute, al pago de 959.751,57 euros como indemnización por el accidente.

Criticó que como la comunidad de aguas se declaró insolvente la indemnización la ha pagado al completo el Gobierno de Canarias, y preguntó donde están los responsables de que se produjese el accidente.

El suceso se produjo el 10 de febrero de 2007, día en el que seis personas murieron por asfixia cuando, durante una excursión organizada por la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN), entraron en una galería de captación de aguas subterráneas en el municipio tinerfeño de Los Silos.

Sergio Lourenso insistió hoy en que los excursionistas entraron en la galería porque el canal que buscaban estaba cerrado ya que con su cierre se querían impedir las acampadas, debido a que éstas eran perjudiciales para una planta que sólo hay en esa zona y en Güímar.

Por ello, opinó que la seguridad sobre una planta tuvo preferencia sobre la humana y en cuanto a la vía penal recordó que en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife se ordenó el sobresemiento provisional, lo cual hace que dependa del Tribunal Constitucional acceda a su petición de reapertura del caso.

Lourenso indicó que el caso debe volver al juzgado de Icod de los Vinos (Tenerife), donde, aseguró, las acciones de las dos jueces que realizaron la instrucción causaron indefensión a las familias de los fallecidos y también afirmó que se produjo falta de tutela efectiva.

Reconoció que es difícil que el Tribunal Constitucional acepte la petición y comentó que la causa penal es posible que haya prescrito si la Justicia entiende que hubo dolo grave por parte de los condenados, los propietarios de la galería, mientras que si cree que fue muy grande la dejadez no habría prescrito.

Al hablar de dejadez Sergio Lourenso se refiere a que en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias se dice que los propietarios de la galería no tomaron precauciones, ya que no estaba cerrada ni había advertencias de peligro.

Opinó que el hecho de que las dos jueces de Icod de los Vinos tuviesen poca experiencia facilitó que se produjesen irregularidades y que no se investigase "hasta el fondo".

También criticó que en el auto de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife se diga que los excursionistas entraron en la galería "a propio riesgo", pues con ello se quiere decir que no lo hicieron de forma obligada.

Explicó que al decir que la entrega fue bajo su responsabilidad no se puede dejar sin efecto la provisionalidad del sobreseimiento de la causa, excepto que lo acuerde el Tribunal Constitucional.

En cuanto a las responsabilidades políticas, Sergio Lourenso ha entregado hoy un escrito en el Parlamento de Canarias en el que pide que se investiguen todas las causas en torno al accidente y se adopten medidas, y recriminó que no se produjeron dimisiones.

En la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias se señala que la galería está en un lugar de frondosa vegetación, carecía de puerta de acceso y de cualquier tipo de señalización que avisara del peligro de entrada.

La sala indicó en varias sentencias que hay obligaciones propias de la seguridad minera, cuyo destinatario es en primer lugar el titular de la explotación de aguas pero que se trasladan, en el ejercicio de las competencias en esa área, a la administración pública de la Comunidad Autónoma.

Entre esas competencias autonómicas la sala incluyó la de policía y vigilancia de la señalización de las galerías de agua tanto en explotación o sin explotar de cara a la protección de terceros ajenos a la instalación.

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