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Efe
Lunes, 17 de abril de 2017

La juez Rosell tacha de "escándalo" la decisión Salvador Alba en "caso Unión"

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La juez Victoria Rosell ha tachado hoy de "escándalo" que el magistrado de la Audiencia de Las Palmas Salvador Alba

haya anulado las grabaciones que el exconsejero del Cabildo de Lanzarote Carlos Espino (PSOE) hizo hace nueve años a los empresarios que pretendieron sobornarle.

Salvador Alba, que presidirá el juicio ante Jurado por esos hechos, sostiene que Carlos Espino no hizo esa grabación de forma espontánea, sino como "evidente intermediario de la Guardia Civil" y sin control judicial alguno, lo que la invalida como prueba.

En esa grabación se escucha al empresario Fernando Becerra intentando sobornar al entonces consejo de Política Territorial del Cabildo en nombre, supuestamente, del abogado Luis Lleó, con el fin de que les ayude a desbloquear una licencia de construcción de un millar de viviendas en Playa Blanca que había sido paralizada.

"Es evidente que tanto la conversación como la grabación de la misma se provocó, lo que la inhabilita como prueba en este proceso", razona Alba en una auto publicado hoy respecto a la grabación que destapó el "caso Unión", la trama de corrupción más importante de Lanzarote, que ha acabado salpicando a políticos, funcionarios y empresarios, algunos en casos ya juzgados y sentenciados.

A través de su cuenta en Twitter, la juez de Las Palmas de Gran Canaria y exdiputada de Podemos Victoria Rosell no ha dudado en calificar esa decisión de Salvador Alba de "ESCÁNDALO" (en mayúsculas en el original).

Rosell subraya que el empresario Fernando Becerra acabó confesando durante la instrucción su participación en el intento de soborno que se escucha en esos audios ahora anulados por Salvador Alba, al que describe como un juez "imputado por corrupción".

"Pero Alba los anula la grabación como intenta anular la suya", añade la exdiputada de Podemos, en alusión a la causa por prevaricación y negociaciones prohibidas a funcionarios abierta por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias contra ese mismo magistrado por un asunto que a ella le afecta de forma directa.

Esa causa se basa, de hecho, en otra grabación, la que el empresario Miguel Ángel Ramírez le hizo al juez Salvador Alba mientras le daba instrucciones, supuestamente, sobre lo que tenía que declarar de manera oficial ante él para perjudicar a Rosell, entonces diputada, a cambio de posibles beneficios procesales.

Salvador Alba ha impugnado la validez de esa grabación, pero la Sala de lo Penal del TSJC ha decidido incorporarla a la causa como prueba legítima.

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