Cristopher Marrero. "La vivienda vacacional no es el problema"

Cristopher Marrero Galvan

La vivienda vacacional surgió de la necesidad de redistribuir la riqueza que aporta el turismo entre los pequeños propietarios locales. Frente al negocio hotelero, otorgando a las familias la oportunidad de explotar turísticamente una vivienda de su propiedad para obtener una renta complementaria y poder aspirar a una vida mejor.

Muchas viviendas vacacionales están financiando estudios universitarios, asistencia sociosanitaria,hipotecas, alquileres de otras viviendas cerca de los lugares de trabajo o simplemente más accesibles y manteniendo familias con parados de larga duración o empleos precarios, además de generando empleo autónomo. Todo ello sin olvidar que todas ellas lo hacen sujetas a alta en el IGIC con lo que contribuyen también vía impuestos al sostenimiento de los servicios públicos.

Sus detractores argumentan que la vivienda vacacional supone un elemento de presión en el alquiler tradicional porque se retiran viviendas de éste para dedicarlas al turismo, pero, en ningún caso en proporción tal como para alterar una oferta inmobiliaria que no crece, entre otras cosas, porque gobierno y ayuntamientos no han hecho nada al respecto en mucho tiempo. ¿Cuántas viviendas públicas se han construido en Canarias en la última década? Infinitamente menos de las necesarias y de las que se pudieran haber construido si existiese verdadero interés en hacerlo.

También argumentan en su contra que se debe prohibir el alquiler vacacional en edificios residenciales por las molestias que generan los turistas y por la inseguridad que generan entre los residentes. Cuando en realidad no hay nada más seguro que tener identificados y registrados en una base de datos de la Guardia Civil a los turistas alojados, el propietario puede imponer normas respecto al uso de la vivienda y muchas veces la experiencia dice que es más molesto el vecino residente habitual que un viajero.

Y con todo lo anterior no quiero decir que no esté de acuerdo con una mayor regulación del alquiler vacacional que, por supuesto, es necesaria pero no criminalizando a las familias sino estableciendo unos estándares mínimos para que no perjudiquen la imagen del destino, limitando el número máximo de licencias al igual que se debe hacer con el sector hotelero y acotando la actuación de actores que nada tienen que ver con el espíritu y propósito original de las viviendas vacacionales; muchas veces vinculados a fondos buitre, que se han dedicado a especular con el sector comprando edificios completos para su explotación.

Debe ser este, en mi opinión, el verdadero objetivo de la ley, proteger el alquiler vacacional para que siga siendo una forma de redistribuir riqueza entre los canarios y también una forma que muchas familias puedan viajar y disfrutar de unas vacaciones porque no todo el mundo puede permitirse los precios de alojarse en hoteles con los precios actuales. Igual que se debe regular el acceso a viviendas en nuestra islas por extranjeros no residentes, como se hace en muchos lugares del mundo con mercados tensionados.

Lo que no es aceptable es que el gobierno traslade al pequeño propietario de viviendas vacacionales la responsabilidad del cumplimiento del artículo 47 de la Constitución que declara que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y atribuye a los poderes públicos la obligación de promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho.

La prohibición del alquiler vacacional no tendría un impacto significativo en el incremento de viviendas disponibles en el mercado tradicional. Primero porque la actual legislación no protege a los propietarios y muchos prefieren mantenerlas cerradas antes que arriesgarse a un alquiler que termine ocasionándoles más gastos que beneficios. Segundo porque en cualquier caso esas viviendas no serían suficientes para satisfacer una demanda que no ha parado de crecer en los últimos años ni para ayudar a regular el precio de unos alquileres que se vuelven inaccesibles para la mayoría de familia como consecuencia del desequilibrio evidente entre los salarios, que no crecen lo suficiente, y el coste de vida que no para de hacerlo.

El problema de la vivienda es un problema generado por las administraciones públicas cuyas soluciones deben aportarse desde las mismas administraciones. Una correcta organización del suelo, la redacción de planes generales adecuados, la simplificación administrativa de los procedimientos vinculados a la obtención de permisos y licencias así como una política de cooperación público-privada adecuada serán claves para ello.

Finalmente es necesario revisar el modelo de creación de un parque de vivienda pública que principalmente se dedique al alquiler y no a la venta. Aumentar la inversión en construcción, plantear un cambio de modelo hacia la construcción modular, más rápida y eficiente. Dejar de poner tiritas en un problema sangrante que impide a las familias acceder a un hogar digno entendiendo que este debe ser uno de los asuntos prioritarios.