Martes, 23 de Septiembre de 2025

Efe / Santa Cruz de Tenerife
Miércoles, 30 de Octubre de 2024

La Fiscalía acusa a un hombre de causar un perjuicio a una sociedad por 9 millones

La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife acusa a un hombre del delito de administración desleal por valor de casi 9 millones de euros, y a quien reclamará que devuelva ese dinero a su exmujer y socia de una entidad de la que él forma parte.



Durante el juicio que tendrá lugar la próxima semana el Ministerio Público también solicitará que el acusado cumpla una pena de seis años de prisión y pagar multa de 10.200 euros.

Según el relato de la Fiscalía, el encausado se casó bajo el régimen de sociedad de gananciales que quedó disuelta por medio de un divorcio.

Entre los bienes se encontraban 875 participaciones sociales de una entidad del total de 884. La sociedad se dedicaba a la compraventa de inmuebles y su explotación, casi en su totalidad, y su administrador único era el procesado y, además de su mujer, otro 1% estaba en manos de socios.

Tras el divorcio las 875 participaciones pasaron a formar parte de la comunidad postganancial, entendida como patrimonio separado de los integrantes que no se determina hasta que se liquida la sociedad.

El acusado en su momento convocó una junta general en la que aprobó un aumento del capital social en casi 2 millones de euros a través de 1.000 participaciones nuevas con un valor de 1.810 cada una que se sumarían a las 884 ya existentes.

La exmujer mostró su oposición a que el acusado ejerciera las participaciones titularidad de la sociedad postganancial, y pidió el nombramiento de un representante.

El procesado ostentó 854 participaciones, su exmujer 21 y la entidad mercantil 9, constituyéndose la nueva sociedad.

A continuación, el acusado, “abusando” de su cargo de administrador de la sociedad postganancial, se atribuyó la gestión del 97% de la entidad y votó a favor de la ampliación de la entidad pese a la oposición de su exmujer.

De esa manera las acciones pasaron de valer 21.000 euros a la mitad, con lo cual si el valor total antes era de 18 millones, ahora pasaban a tener algo más de 9.

Luego se llevó a cabo una nueva adquisición de acciones lo que supuso un perjuicio patrimonial que la Fiscalía cifra en casi 9 millones de euros.

 

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