Piden tres años y medio de cárcel para un vendedor de Lotería por presunta malversación
Un vendedor de lotería se sentará la próxima semana en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial tinerfeña acusado de malversación impropia de fondos públicos por lo que la Fiscalía pide que se le impongan tres años y medio de cárcel y devolver 7.700 euros.
El acusado era titular de un Punto de Venta Mixto (PVM) tras firmar un contrato con la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), desde el que comercializaba todos los juegos cuya gestión, explotación y comercialización es competencia estatal.
Según el escrito de la Fiscalía, el procesado debía ingresar semanalmente la recaudación obtenida de las ventas en la cuenta oficial de la que disponía a favor de SELAE pero al parecer no proveyó diversos fondos, tal y como debía hacerlo de manera que el organismo estatal no pudo cobrar dos recibos.
A raíz de estas devoluciones, funcionarios de la Inspección de SELAE realizaron una inspección al PVM gestionado por el acusado en la que se detectó un descubierto que quedó fijado exactamente en la cantidad que reclama ahora y que fue abonada por una compañía de seguros.
Como penas accesorias también se solicita la inhabilitación especial para el ejercicio de empleo o cargo público durante nueve años y que a la cantidad original se le sumen los correspondientes intereses.
El acusado era titular de un Punto de Venta Mixto (PVM) tras firmar un contrato con la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), desde el que comercializaba todos los juegos cuya gestión, explotación y comercialización es competencia estatal.
Según el escrito de la Fiscalía, el procesado debía ingresar semanalmente la recaudación obtenida de las ventas en la cuenta oficial de la que disponía a favor de SELAE pero al parecer no proveyó diversos fondos, tal y como debía hacerlo de manera que el organismo estatal no pudo cobrar dos recibos.
A raíz de estas devoluciones, funcionarios de la Inspección de SELAE realizaron una inspección al PVM gestionado por el acusado en la que se detectó un descubierto que quedó fijado exactamente en la cantidad que reclama ahora y que fue abonada por una compañía de seguros.
Como penas accesorias también se solicita la inhabilitación especial para el ejercicio de empleo o cargo público durante nueve años y que a la cantidad original se le sumen los correspondientes intereses.
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