Rechazo de CCOO a sustituir el servicio de Ayuda a Domicilio por una prestación económica

Resulta lamentable que, tratándose precisamente de una de las comunidades autónomas con más bajos índices de desarrollo social (paro, pobreza, brecha económica…), sea la propia Administración quien eluda las obligaciones que establece la Ley de Dependencia (Ley 39/2006).

El servicio de ayuda a domicilio es una prestación esencial que forma parte del Sistema Público de Servicios Sociales, y es imprescindible para promover la calidad de vida de las personas con autonomía limitada y posibilita que puedan permanecer el mayor tiempo posible en su entorno familiar. A esto se une que Canarias es una de las Comunidades Autónomas con menor ratio de plazas residenciales (tanto públicas como privadas), lo cual obliga a que la mayor parte de las personas con alto grado de dependencia residan en su entorno familiar.

Estas personas precisan de una atención constante y especializada, lo cual genera el consiguiente desgaste de sus cuidadoras/es y/o familiares, por lo que, en estas circunstancias complicadas se hace fundamental el apoyo de servicios a domicilio profesionalizados.

Actualmente, el catálogo de servicios que ofrece la Ley de Dependencia ya prevé, como excepción a la finalidad de la ley,  una prestación económica para contratar un servicio privado de ayuda a domicilio en los casos en que no sea posible la cobertura pública directa. Por lo tanto, los escasos medios que la Administración pone a disposición están forzando la derivación de la demanda al sector privado lo que ha generado la saturación en sus listas de espera. En este contexto se entiende aún menos las medidas propuestas por el Gobierno de Canarias en las enmiendas presentadas.

CCOO reafirma su rechazo a cualquier medida que signifique ahondar en el desmantelamiento de los servicios públicos.