Turismo confirma que suspende las sanciones a los dueños de apartamentos turísticos

Las sanciones quedarán suspendidas "hasta que se modifiquen las leyes que lo regulan para poder unificarla en una y responder a las necesidades de los residentes" para hacer uso de ellas, más aún en una "situación de emergencia habitacional", ha señalado la consejera en una rueda de prensa con motivo de la presentación del estudio Impacto Socieconómico de las Agencias de Viaje en Canarias.

A juicio de De León, "no tiene sentido que obliguemos al propietario a que se vaya con un explotador", algo que sí "tenía en 1995 cuando se aprobó la Ley de Turismo pero los tiempos han cambiado y hay que cambiar la ley".

El uso turístico en estas zonas "ha desaparecido" porque sus dueños se han empadronado en los municipios donde tienen los apartamentos, por lo que estas multas quedarán suspendidas "hasta el cambio de uso de la parcela", que es un proceso que se ha iniciado en esta legislatura en los ayuntamientos de San Bartolomé de Tirajana y Mogán, en Gran Canaria, los más afectados por esta situación.

Como ha explicado, "existen 3.000 expedientes sancionadores de personas que residen, comercializan y explotan" estos apartamentos o locales, en una situación que "es caótica", y para la que ha pedido "paciencia".

Por el momento, ha explicado que a los residentes se les permite vivir en los apartamentos "hasta que San Bartolomé y Mogán modifiquen la especialización del uso de las parcelas" en este caso, que es "lo mismo que dice la ley 4/2017 que aborda que esos propietarios que esta empadronados antes del 1 de enero de 2017 tienen consolidación legal hasta que los ayuntamientos especialicen el uso de las parcelas".

Ha señalado que "no se puede derogar una ley completa porque dejaría sin efecto muchas más cuestiones", como son otros tipos de alojamientos, actividades y hoteles, por lo que la apuesta es "refundirla y unificarla".

Ha recordado además que se celebrará una mesa de debate en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, para que expertos y agentes implicados reflexionen sobre la ley que ordenará el turismo en los próximos años y se pueda lograr un consenso general.

El objetivo es aprobar una ley de turismo integral, lo que "va a llevar un mínimo 14 meses o más" de trabajo, y por ello "se van a suspender las sanciones hasta ordenar la actividad".