Fecam: sin distribución de competencias no se podrá aplicar la ley del alquiler vacacional

De esta manera se ha pronunciado la presidenta de la Fecam, María Concepción Brito, en un comunicado con motivo de la reunión del Comité Ejecutivo de la entidad en el Ayuntamiento de Puntagorda (La Palma), en un encuentro centrado en la regulación del alquiler vacacional y las enmiendas propuestas por los municipios, tras tener conocimiento del texto aprobado en el Parlamento de Canarias.

En declaraciones a los medios de comunicación, Brito expuso que la Fecam solo atiende “a los intereses municipales” respecto a la regulación de la actividad del alquiler vacacional, y reiteró que los 88 ayuntamientos canarios solo pretenden “una regulación justa, equilibrada y con una distribución de competencias equitativa entre todas las administraciones”.

Al respecto, Brito lamentó que no se haya podido alcanzar un acuerdo con la Consejería de Turismo en cuestiones "capitales" como la Disposición Transitoria Primera reflejada en el documento, que a su juicio, presenta cuestiones que no atienden a las diferentes realidades insulares y municipales.

“Entendemos que existe una duplicidad en la verificación y comprobación de las viviendas vacacionales que se van a consolidar en esta Ley. Tampoco estamos de acuerdo con el límite del 10 % en la norma, sino que se otorgue a la autonomía municipal esta posibilidad en función de su casuística y la diversidad en cada isla, como las islas verdes”, manifestó la presidenta de la Fecam.

Al respecto, añadió que ese límite del 10 %, “si se revisara todo lo que hay, estaría superado en algunos casos y no entendemos cómo vamos a regular si hay un techo superado ¿A quién le permitimos continuar con la actividad, y a quién no?”.

En su opinión, no hay criterios claros en el proyecto y los ayuntamientos “nos hemos encontrado con la sorpresa de que habíamos consensuado con la Consejería que pudiéramos utilizar ordenanzas provisionales para ordenar este ámbito, pero ese instrumento al final no aparece en el texto que ha publicado el Parlamento de Canarias”.

Además, los municipios canarios deberán asumir la regulación como actividad clasificada del alquiler vacacional, pero “no se especifican tampoco los criterios que debemos seguir, por eso puede haber disparidad de criterios entre los municipios y por tanto generarse un agravio entre unos y otros”.

En esa normativa destacan las "Declaraciones responsables" y la Fecam no entiende “que se dupliquen procedimientos" con los cabildos, al tiempo que la inspección es competencia del Gobierno de Canarias "y no debemos ejercerla los ayuntamientos, que es lo que nos quieren trasladar a través de la Disposición Transitoria Primera”.

Los ayuntamientos “siempre vamos a estar abiertos al diálogo y nunca nos cerraremos a ningún interlocutor", prosiguió Brito, quien defendió una ley "que se pueda aplicar y atienda a las singularidades", algo que no ve tan complicado "cuando llevamos más de un año reuniéndonos con la Consejería y en estos últimos meses con todos los grupos parlamentarios”, por lo que espera que sus enmiendas puedan ser asumidas.