Acusan a una mujer de quedarse 110.000 euros de su jefe, que tenía una enfermedad terminal

El Ministerio Público solicita la devolución de este dinero, más intereses, pagar una multa de 2.200 euros y cumplir cuatro años de cárcel al considerarla supuesta autora de un delito continuado de apropiación indebida.

En su relato la Fiscalía cree que la procesada se aprovechó de la confianza que el perjudicado había depositado en ella, razón por la que la eligió para representar a la empresa, contratándola además como asesora fiscal.

Al ser la empleada la única persona autorizada para operar en la cuenta corriente que la empresa tenía abierta, efectuó hasta 17 operaciones de salidas de dinero, entre ellas cobros en ventanilla y, principalmente, transferencias “sin motivo ni causa alguna que las justificara”, a su cuenta corriente de titularidad personal exclusiva.

Por este cauce habría obtenido así los cerca de 110.000 euros, de los que deben descontarse 16.125 que reintegró en la cuenta de la empresa, resultando un saldo final de 93.524,10.

Según la Fiscalía ésta sería “la cantidad de la que la acusada dispuso irregularmente en su propio beneficio, con el consiguiente perjuicio para la empresa a la que representaba”.

Las operaciones que el Ministerio Público ha puesto bajo sospecha oscilaban entre un mínimo de 100 euros a un máximo de 25.000.

La Fiscalía pide que se aplique el agravante de haber abusado de las relaciones personales y confianza entre la víctima y la procesada y aprovecharse de su credibilidad profesional y el valor de la supuesta defraudación.

El juicio está previsto que se celebre la próxima semana en la Audiencia Provincial tinerfeña.