ASG urge un cambio estructural para garantizar la protección real de la infancia migrante en Canarias

Reclama, asimismo, una lucha firme contra los discursos de odio y medidas inmediatas para garantizar los derechos fundamentales de los menores no acompañados

Sábado, 12 de julio. La presidenta del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Melodie Mendoza, ha demandado, en el Parlamento de Canarias, un cambio estructural y profundo en el sistema de protección a la infancia migrante, poniendo el foco en la situación de los niños y niñas migrantes no acompañados acogidos en el Archipiélago.

Durante su intervención en la Comisión de Derechos Sociales, Melodie Mendoza valoró el informe presentado por Amnistía Internacional, que calificó de "absolutamente necesario" pese a su dureza. En este documento se denuncian graves deficiencias como centros saturados, ratios imposibles, falta de personal cualificado y prácticas inaceptables, entre ellas violencia y malos tratos hacia menores bajo tutela pública.

"Estos niños y niñas no deberían vivir con miedo, mucho menos cuando están bajo la responsabilidad de las administraciones", indicó Melodie Mendoza, subrayando que “se trata de seres humanos vulnerables que necesitan protección y un entorno seguro para crecer y desarrollarse”.

La parlamentaria de ASG recordó que Canarias asume, actualmente, la tutela del 36,5 % de los menores no acompañados que llegan al Estado español, una responsabilidad que no puede ni debe afrontar en solitario. "Es imprescindible una corresponsabilidad real y efectiva del Estado y del conjunto de comunidades autónomas. No podemos seguir siendo un muro de contención mientras el resto mira hacia otro lado", remarcó.

En este sentido, Melodie Mendoza reconoció los esfuerzos realizados por el Gobierno de Canarias, con inversiones superiores a 200 millones de euros y la creación de servicios específicos para estos menores. Sin embargo, advirtió que estos avances son insuficientes si no se traducen en un sistema de acogida digno que garantice la individualización de cada caso, la atención psicológica y sanitaria adecuada, y un plan educativo y formativo real para cada menor.

Además, defendió la necesidad de reforzar la formación del personal que trabaja en los centros y establecer un sistema permanente de inspección y control para prevenir y sancionar cualquier forma de violencia o abuso. También reclamó agilizar los trámites de identificación y documentación para evitar que los menores permanezcan en situación irregular al alcanzar la mayoría de edad, exponiéndose así a la exclusión social.

Melodie Mendoza hizo un llamamiento firme a combatir los discursos de odio y las narrativas que criminalizan a los menores migrantes: "No son una amenaza; son niños y niñas que huyen de la violencia y la pobreza y buscan un futuro digno".

Por último, instó al Gobierno de España y a la Unión Europea a implicarse activamente con recursos y voluntad política. "La protección de la infancia migrante no es una opción, es una obligación legal y, sobre todo, moral", apuntó.