Rechazan pagar 1,5 millones a padre cuyos hijos fueron ingresaron en un centro
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) rechaza la petición de un padre de que el Gobierno canario le pague 1,5 millones por los daños físicos y morales que causó la decisión de que los hijos fueran declarados en desamparo, se le retirara la custodia e ingresaran en un centro casi un año y medio.
La medida fue tomada por la Dirección General de Protección a la Infancia tras recibir informes de los servicios municipales en los que se hablaba de “escasez de alimentos, desorden y suciedad, presencia de alcohol” y que el padre no era capaz de cubrir las necesidades básicas de los hijos.
Constaban cuatro denuncias por violencia de género, los progenitores tenían limitaciones intelectuales y no eran capaces de atender las exigencias físicas y emocionales de los menores y uno de ellos manifestó que el padre le había causado una herida con un cigarro.
El ejecutivo autónomo acordó declarar a los hijos en situación de desamparo y los ingresó en un centro entre 17 de diciembre de 2019 hasta el 12 de abril de 2021, cuando una sentencia obligó a que los menores volvieran a su familia y después de que el padre presentara varias denuncias en los juzgados.
En los informes se reflejaba que el progenitor tenía una discapacidad del 67%, constaba un historial de conductas violentas de la madre hacia la abuela materna que era quien en realidad cuidaba a los niños y que el matrimonio realizaba conductas temerarias que ponían en riesgo la vida de los menores.
Una técnica municipal propuso declarar el desamparo, tras entrevistarse con los progenitores y sacar una impresión que “no era precisamente buena”.
Pese a ello en abril de 2021, la orden fue revocada por el Juzgado de la Familia y meses después se ratificó esta decisión por lo que el padre acudió a los tribunales pidiendo una indemnización.
La respuesta del TSJC es rechazarla en cuanto que no ha existido daño a los menores y por el contrario recibieron un buen trato mientras estuvieron en el centro y se garantizó su seguridad.
La Dirección General apela a que la Fiscalía pidió que se estudiara la posibilidad de declarar el desamparo y que previamente se intentó colaborar durante siete meses con la familia, lo que se saldó con un fracaso y de hecho en ese tiempo hubo dos denuncias de maltratos a los niños por parte del padre.
La medida fue tomada por la Dirección General de Protección a la Infancia tras recibir informes de los servicios municipales en los que se hablaba de “escasez de alimentos, desorden y suciedad, presencia de alcohol” y que el padre no era capaz de cubrir las necesidades básicas de los hijos.
Constaban cuatro denuncias por violencia de género, los progenitores tenían limitaciones intelectuales y no eran capaces de atender las exigencias físicas y emocionales de los menores y uno de ellos manifestó que el padre le había causado una herida con un cigarro.
El ejecutivo autónomo acordó declarar a los hijos en situación de desamparo y los ingresó en un centro entre 17 de diciembre de 2019 hasta el 12 de abril de 2021, cuando una sentencia obligó a que los menores volvieran a su familia y después de que el padre presentara varias denuncias en los juzgados.
En los informes se reflejaba que el progenitor tenía una discapacidad del 67%, constaba un historial de conductas violentas de la madre hacia la abuela materna que era quien en realidad cuidaba a los niños y que el matrimonio realizaba conductas temerarias que ponían en riesgo la vida de los menores.
Una técnica municipal propuso declarar el desamparo, tras entrevistarse con los progenitores y sacar una impresión que “no era precisamente buena”.
Pese a ello en abril de 2021, la orden fue revocada por el Juzgado de la Familia y meses después se ratificó esta decisión por lo que el padre acudió a los tribunales pidiendo una indemnización.
La respuesta del TSJC es rechazarla en cuanto que no ha existido daño a los menores y por el contrario recibieron un buen trato mientras estuvieron en el centro y se garantizó su seguridad.
La Dirección General apela a que la Fiscalía pidió que se estudiara la posibilidad de declarar el desamparo y que previamente se intentó colaborar durante siete meses con la familia, lo que se saldó con un fracaso y de hecho en ese tiempo hubo dos denuncias de maltratos a los niños por parte del padre.
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