El Gobierno crea una oficina para asesorar en planeamiento a cabildos y ayuntamientos

Esta oficina, impulsada por la Consejería de Política Territorial, cuenta con un presupuesto total de 414.721 euros hasta 2027 y permitirá dar respuesta a una demanda reiterada de las administraciones locales, que requieren seguridad y agilidad en un ámbito tan sensible como la ordenación del suelo.

La oficina contará con tres profesionales -dos técnicos y un administrativo- que trabajarán de manera exclusiva en la atención de las consultas jurídicas.

Con este nuevo servicio se busca unificar criterios jurídicos en la interpretación de la Ley del Suelo; agilizar la tramitación de las consultas remitidas por las instituciones locales; y garantizar la seguridad jurídica en la aplicación de la normativa territorial y urbanística, así como la homogenización de criterios jurídicos, según informa el Ejecutivo en un comunicado.

Hasta ahora las consultas de carácter técnico-jurídico eran asumidas por el personal de la Dirección General de Ordenación del Territorio, lo que dispersaba esfuerzos, aumentaba la carga de trabajo y ralentizaba la gestión.

Con esta medida, la información quedará canalizada de manera exclusiva a través de un personal específico con el fin de dar mayor eficacia a esta labor demanda por las administraciones locales.