Dos años de cárcel al dueño de un concesionario que estafó a un cliente con una caravana
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha condenado a dos años de cárcel al propietario de una concesionaria acusado de cometer una estafa tras percibir 69.200 euros del comprador de una autocaravana que nunca la recibió, y al que ahora deberá resarcir dicha suma.
Pese a declararse culpable, tanto el acusado como el denunciante presentaron un recurso ante el alto tribunal canario.
La víctima mantuvo que el delito fue continuado, pues sostiene que el engaño se prolongó a lo largo de meses en distintas fases, una primera con la promesa de encargo de la caravana, que según el vendedor era muy demandada, lo que le convenció para abonar diversos anticipos.
El denunciante mantuvo que se estaba también ante un delito de apropiación indebida, lo que fue rechazado en primera instancia y hace también ahora el TSJC.
El condenado aseguró, por su parte, que era un revendedor, no un concesionario; que la autocaravana “no sólo fue encargada sino también construida”, y niega engaño alguno pese a convencer al comprador a que desembolsara el 85% del precio pactado sin recibir nada a cambio.
El acusado pidió que la pena se redujera a un año de prisión y una multa de 630 euros, lo que según la Sala implica que vuelve a reconocer la comisión del delito.
En el juicio, el dueño del concesionario reconoció los hechos pero aseguró que no pudo cumplir su compromiso porque entre mayo de 2021 y julio de 2022 le llegaron de golpe una serie de pagos y cargos a sus cuentas, de manera que se quedó sin dinero.
“Los lamentos del apelante sobre su situación económica en absoluto pueden servir para rebajar la pena, ya generosa, pues, careciendo de antecedentes penales, fácilmente eludirá el ingreso en prisión”, indica la sentencia recurrible ahora ante el Tribunal Supremo.
La Fiscalía y la acusación consideraron que se estaba ante un delito de estafa, dado que el denunciante desembolsó primero 10.000 euros y meses después le pidieron 59.200 euros más que también entregó.
El acusado es un concesionario de una marca de autocaravanas que se fabrican en Francia con la que el comprador se puso en contacto y desde donde le aseguraron que nunca había recibido encargo alguno.
Mediante un contrato firmado en mayo de 2021, el comprador se comprometió a desembolsar 69.200 euros que hizo en tres pagos, el primero en concepto de reserva mediante transferencia bancaria.
El encausado confirmó en julio de 2022 al comprador que el vehículo estaba terminado, por lo que debía abonar el resto del precio que ascendía entonces a 59.200 euros.
Así lo hizo por medio de tres transferencias de las que dos eran de 19.990 euros y la tercera 19.275, dinero nunca llegó a manos del fabricante de Francia y que las sentencias confirman que incorporó a su patrimonio.
Pese a declararse culpable, tanto el acusado como el denunciante presentaron un recurso ante el alto tribunal canario.
La víctima mantuvo que el delito fue continuado, pues sostiene que el engaño se prolongó a lo largo de meses en distintas fases, una primera con la promesa de encargo de la caravana, que según el vendedor era muy demandada, lo que le convenció para abonar diversos anticipos.
El denunciante mantuvo que se estaba también ante un delito de apropiación indebida, lo que fue rechazado en primera instancia y hace también ahora el TSJC.
El condenado aseguró, por su parte, que era un revendedor, no un concesionario; que la autocaravana “no sólo fue encargada sino también construida”, y niega engaño alguno pese a convencer al comprador a que desembolsara el 85% del precio pactado sin recibir nada a cambio.
El acusado pidió que la pena se redujera a un año de prisión y una multa de 630 euros, lo que según la Sala implica que vuelve a reconocer la comisión del delito.
En el juicio, el dueño del concesionario reconoció los hechos pero aseguró que no pudo cumplir su compromiso porque entre mayo de 2021 y julio de 2022 le llegaron de golpe una serie de pagos y cargos a sus cuentas, de manera que se quedó sin dinero.
“Los lamentos del apelante sobre su situación económica en absoluto pueden servir para rebajar la pena, ya generosa, pues, careciendo de antecedentes penales, fácilmente eludirá el ingreso en prisión”, indica la sentencia recurrible ahora ante el Tribunal Supremo.
La Fiscalía y la acusación consideraron que se estaba ante un delito de estafa, dado que el denunciante desembolsó primero 10.000 euros y meses después le pidieron 59.200 euros más que también entregó.
El acusado es un concesionario de una marca de autocaravanas que se fabrican en Francia con la que el comprador se puso en contacto y desde donde le aseguraron que nunca había recibido encargo alguno.
Mediante un contrato firmado en mayo de 2021, el comprador se comprometió a desembolsar 69.200 euros que hizo en tres pagos, el primero en concepto de reserva mediante transferencia bancaria.
El encausado confirmó en julio de 2022 al comprador que el vehículo estaba terminado, por lo que debía abonar el resto del precio que ascendía entonces a 59.200 euros.
Así lo hizo por medio de tres transferencias de las que dos eran de 19.990 euros y la tercera 19.275, dinero nunca llegó a manos del fabricante de Francia y que las sentencias confirman que incorporó a su patrimonio.
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