Lunes, 22 de Septiembre de 2025

Efe / Santa Cruz de Tenerife
Domingo, 21 de Septiembre de 2025

Condenado por estafar a un matrimonio al que vendió casa prefabricada que nunca entregó

Un hombre acusado de cometer un delito de estafa agravada ha aceptado la pena de dos años de cárcel, suspendida durante tres, y devolver casi 63.000 euros a un matrimonio al que vendió una casa prefabricada que iba a estar ubicada en Tacoronte pero que nunca entregó.



El hombre se estableció en España con el fin de promover una empresa con sede en Polonia abriendo una sucursal en un Centro Comercial de Arona dedicada a construir casas prefabricadas de bajo consumo energético, tal y como se anunciaba en las redes.

Por esta vía captó la atención de un matrimonio que estaba interesado en contar con una vivienda de estas características, al que convenció con afirmaciones que no respondían a la realidad sobre la solvencia de su empresa, que atravesaba dificultades económicas.

La sentencia de conformidad suscrita en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife da por probado que los clientes llevaron a cabo la compra y construcción de la vivienda con suministro e instalación incluida.

El acusado y el matrimonio firmaron en abril de 2022 el contrato por medio del cual se fijaba el precio de la unidad en 125.500 euros, pero no contemplaba el proyecto, licencia municipal, permiso y tasas municipales, que correrían a cargo de los clientes.

El acuerdo estableció que los trabajos se iniciarían cuando la empresa recibiera el primer plazo, una vez obtenidos los permisos y en cuanto llegara la estructura desde Polonia, aunque antes abonaron 30.000 euros y después 33.000.

Pero lo cierto es que una vez concluida la cimentación del terreno y ante la tardanza en la llegada de la estructura, los compradores comenzaron a hacer gestiones y consultas para conocer lo que ocurría sin que el vendedor le ofreciera explicación alguna, e incluso volviera a su país.

La Audiencia da por probado que el acusado nunca tuvo intención de cumplir su compromiso o que, movido por un evidente ánimo de enriquecimiento ilícito, se quedó con las cantidades de las que dispuso en provecho propio sin que hasta el día del juicio hubiese devuelto dinero alguno ni entregara la casa.

En principio la Fiscalía solicitaba cuatro años de cárcel, multa de 1.800 euros y la devolución de las cantidades apropiadas de forma indebida, y apuntaba a la posibilidad de que se estuviera ante una apropiación indebida.

 

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