Ascav: El objetivo de la Ley de vacacional es eliminar a los pequeños propietarios

Doris Borrego y Javier Valentín Peñate, presidenta y vicepresidente de la asociación, han comparecido en comisión parlamentaria, donde han advertido a los grupos parlamentarios y a la consejera de Turismo, Jessica de León, presente en el encuentro, de que están poniendo en peligro los ingresos y el patrimonio de miles de familias canarias.

Han aclarado que Ascav representa a propietarios particulares y a pequeños gestores e intermediadores locales, pero, según afirmaron, en lugar de protegerlos el proyecto de ley está hecho en beneficio de los grandes fondos de inversión, los grandes tenedores y los hoteleros.

Los comparecientes reconocieron la necesidad de ordenar la actividad del alquiler vacacional, pero denunciaron que al desestimar su propuesta de una moratoria, se buscó "un efecto llamada" que permitiera a grandes tenedores y propietarios registrar masivamente y sin control nuevas viviendas vacacionales.

Este "efecto llamada buscado" ha llevado a que de las 70.000 viviendas vacacionales dadas de alta, solo haya 48.000 con actividad real, según Ascav.

Peñate negó que todas las viviendas vacacionales "se hayan extraído del mercado de la vivienda residencial", ya que el 67% son apartamentos turísticos y bungalows y solo el 30% restante procede del parque de vivienda residencial.

El representante de Ascav rechazó que se clasifique la vivienda vacacional como actividad económica, porque eso "beneficia a los de siempre" y obliga a los pequeños propietarios, para los que el alquiler es un complemento, a darse de alta como autónomos, cuando ya declaran sus ingresos como rendimientos del capital inmobiliario.

También denunció que la ley aboca "a la desaparición" de los propietarios de apartamentos y bungalows en zonas turísticas, que son el 70% del total, y además la exigencia de actividad clasificada se convierte en el verdadero "aniquilador" de la vivienda vacacional en Canarias.

La norma prevé incentivos para aumentar la oferta de alquiler de larga duración, pero con unos requisitos incumplibles que solo benefician a propietarios de edificios completos.

Peñate reclamó además que la normativa permita a los pequeños propietarios transmitir sus propiedades a familiares sin restricciones, de manera que no se vea afectado el patrimonio familiar en caso de fallecimiento.

La regulación "no ordena, sino que expulsa a miles de familias del sector, discrimina entre nuevos y antiguos propietarios, favorece a grandes tenedores y operadores, en perjuicio del pequeño propietario y supondría la desaparición del 70% de la vivienda vacacional en Canarias", resumió Peñate.

Doris Borrego pidió a los diputados que entiendan que "no se trata solo de cómo regular la vivienda vacacional, sino de apoyar y proteger a las familias canarias, no de expulsarlas del mercado para favorecer a los grandes propietarios".

"Llevamos más de 12 años luchando para que el modelo de vivienda vacacional sea reconocido como una actividad de propietarios particulares, diferenciándola de los grandes tenedores de edificios completos, cuyo interés es expulsar al pequeño propietario" y "esto es lo que ocurriría si se aprobara esta ley", advirtió.

Doris Borrego instó al Parlamento a ayudar y proteger el patrimonio de las familias canarias, "que también tienen derecho a participar en el turismo, porque el turismo somos todos, no solo es de unos pocos".