Acusados de estafa millonaria a cientos de clientes afrontan penas de hasta 12 años

En caso de ser condenados deberán devolver a los perjudicados una cifra que ronda los 2,5 millones de euros.

Los encausados se presentaban como gestores y asesores financieros independientes y de esta manera captaban dinero a cambio de altas rentabilidades, que a veces llegaban hasta el 50% del capital entregado, en un plazo de dos meses, además de ofrecer otro tipo de operaciones garantizando la devolución de lo invertido.

Una vez ganada su confianza los clientes realizaron aportaciones formalizando contratos de préstamos o efectivo, mediante transferencias bancarias.

Uno de los procesados les iba informando periódicamente de que sus fondos obtenían los beneficios prometidos enviándoles supuestos reportes en los que así lo demostraría.

Al principio, este encausado cumplía con las altas rentabilidades prometidas, que eran satisfechas a clientes que volvían a invertirlas y a los que se sumaban otros nuevos.

El segundo acusado estaba al tanto de la operativa del primero y por ello comenzó a colaborar con éste en la captación de clientes, de manera que para aparentar mayor solvencia y seriedad alquilaron unas serie de oficinas en Santa Cruz y se publicitaron por medio de las redes sociales.

Juntos constituyeron una sociedad mercantil de la que eran administradores solidarios pero cuyo fin era igualmente dar mayor credibilidad a la empresa.

Una vez captado un elevado número de clientes estos comenzaron a incorporar las inversiones a su propio patrimonio, excepto cuando los inversores solicitaban la devolución o los intereses.

Como consecuencia de lo “insostenible” del sistema que exigía nuevos clientes para cumplir con las obligaciones de los anteriores, comenzaron los incumplimientos de pagos “provocando que todo el entramado quedara al descubierto”, relata la Fiscalía en su escrito de calificación.

Cuando los procesados se dieron cuenta de que la situaciónera insostenible, habrían llevado a cabo operaciones para salvaguardar sus bienes, vendiéndolos a terceros y abriendo cuentas en los Emiratos Árabes, donde uno de ellos intentó sustraerse de la acción de la Justicia.

También abrieron cuentas corrientes en Lituania y Reino Unido, cuyos fondos eran convertidos en criptomonedas en una plataforma cuyo domicilio estaba situado en la Islas Seychelles.

Permanece como acusada la pareja sentimental del primero de los encausados, quien disfrutó de un alto nivel de vida, recibiendo elevados ingresos y regalos, realizó viajes y se alojó en hoteles de cinco estrellas, sin que conste que conociera el origen ilegal de los fondos.

Todo ello hasta recibir 327.500 euros que la Fiscalía pide que también devuelva, junto con los otros dos encausados.