La Fiscalía pide 8 y 4 años de cárcel para dos acusados de estafar a 120 personas

La Fiscalía les atribuye los delitos de estafa agravada y de frustración de la ejecución agravado y pide que devuelvan a los perjudicados unos 2,5 millones de euros.

Según el escrito de la Fiscalía, las cantidades estafadas oscilaban entre los 2.000 y 78.000 euros y al parecer los encausados se presentaban como gestores y asesores financieros independientes y presuntamente captaban dinero a cambio de altas rentabilidades que a veces llegaban hasta el 50 por ciento del capital entregado en un plazo de dos meses, además de ofrecer otro tipo de operaciones garantizando la devolución de lo invertido.

De esta manera, confiados los clientes realizaron aportaciones y formalizaron contratos de préstamos o efectivo y el transferencias bancarias, y el procesado les iba informando periódicamente de que sus fondos obtenían los beneficios prometidos enviándoles reportes en los que así lo demostraría.

Al principio el encausado cumplía con las altas rentabilidades prometidas que eran satisfechas a clientes que volvían a invertirlas y a los que se sumaban otros nuevos.

Según la Fiscalía, el segundo acusado estaba al tanto de la operativa del primero y por ello comenzó a colaborar con éste en la captación de clientes, de manera que para aparentar mayor solvencia y seriedad alquilaron unas serie de oficinas en Santa Cruz de Tenerife y se publicitaron por medio de las redes sociales.

Juntos constituyeron una sociedad mercantil de la que eran administradores solidarios pero cuyo fin era igualmente dar mayor credibilidad a la empresa.

Una vez captado un elevado número de clientes estos presuntamente comenzaron a incorporar las inversiones a su propio patrimonio, excepto cuando los inversores solicitaban la devolución o los intereses.

Como consecuencia de lo “insostenible” del sistema que exigía nuevos clientes para cumplir con las obligaciones de los anteriores, comenzaron los incumplimientos de pagos provocando que, según la Fiscalía, "todo el entramado quedara al descubierto”.

Al parecer cuando los procesados se dieron cuenta de que la situación y de que se iba a producir un colapso, supuestamente habrían llevado a cabo operaciones para salvaguardar sus bienes, vendiéndolos a terceros y abriendo cuentas en los Emiratos Árabes, donde uno de ellos intentó sustraerse de la acción de la Justicia.

También abrieron cuentas corrientes en Lituania y Reino Unido cuyos fondos eran convertidos en criptomonedas en una plataforma cuyo domicilio estaba situado en la Islas Seychelles, explica el escrito fiscal.

Permanece como acusada la pareja sentimental del primero de los encausados quien presuntamente disfrutó de un alto nivel de vida, sin que conste que conocía el origen ilegal de los fondos.

Todo ello hasta recibir 327.500 euros que la Fiscalía pide que también devuelva, junto con los otros dos encausados.