Asián se compromete a estudiar la propuesta de ASG para eximir del IGIC el hospedaje en residencias universitarias públicas
La iniciativa, defendida por la presidenta del Grupo Parlamentario, Melodie Mendoza, en la Comisión de Presupuestos y Hacienda, pretende aliviar a las familias y corregir un agravio sobrevenido desde 2022
La medida, según la parlamentaria de ASG, impactaría en unos 150.000 euros anuales en las arcas públicas y supondría un ahorro directo de 20 a 30 euros al mes por estudiante
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La presidenta del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Melodie Mendoza, ha solicitado, en la Comisión de Presupuestos y Hacienda del Parlamento de Canarias, la exención del IGIC en los servicios de hospedaje de las residencias universitarias públicas del Archipiélago. La consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, asumió el compromiso de estudiar la propuesta y analizar su viabilidad, en paralelo a un examen de la escasez de plazas residenciales en Canarias.
Melodie Mendoza subrayó el trasfondo social de la iniciativa: “Estamos convencidos de que podría suponer un alivio real, justo y necesario para cientos de familias canarias, especialmente de islas no capitalinas”, afirmó, recordando que desde 2022 se volvió a aplicar el impuesto tras una década de exención.
La parlamentaria aportó datos oficiales que evidencian la tensión del sistema: 951 plazas conjuntas entre residencias y colegios mayores frente a más de 2.400 solicitudes. En la ULL se registraron más de 1.400 peticiones para 511 plazas, y en la ULPGC 979 solicitudes para 462 plazas; dos de cada tres estudiantes que necesitan alojamiento se quedan fuera. Mendoza recordó que quienes sí acceden a una plaza “deben asumir el pago del IGIC”, un sobrecoste que para familias vulnerables “supone 20 o 30 euros al mes”.
“Las prioridades fiscales deben alinearse con las prioridades sociales. La exención del IGIC en los servicios residenciales puede y debe ser ese gesto de apoyo institucional”, defendió Mendoza, señalando que la recaudación afectada sería de aproximadamente 150.000 euros al año, una cuantía no significativa para las arcas públicas, pero sí decisiva para los bolsillos de los estudiantes y sus familias. Asimismo, recordó que el Parlamento respaldó esta medida en mayo de 2024, en el marco de una proposición no de ley.
Por su parte, la consejera Matilde Asián valoró la propuesta y enfatizó la necesidad de abordar el déficit de infraestructuras: “Tomamos nota y lo vamos a estudiar”, señaló. “Me comprometo a estudiar en profundidad por qué hay tan pocas residencias universitarias en Canarias (…) y, posteriormente, ver dentro de las que hay la posible reducción del IGIC”. Asián mencionó que, en el ámbito fiscal vigente, existe una deducción de 900 euros para estudiantes que alquilan vivienda, comparten alojamiento o residen en colegios mayores o residencias, elemento que el Gobierno tendrá en cuenta en el análisis global del asunto.
Mendoza insistió en que el perfil socioeconómico de quienes acceden a residencia ya acredita necesidad económica, por lo que la exención del impuesto sería coherente con los objetivos de equidad territorial y oportunidades educativas del Gobierno de Canarias. “Esperamos que el próximo curso los estudiantes puedan ocupar sus plazas residenciales libres de una carga fiscal injustificada”, resaltó.
La presidenta del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Melodie Mendoza, ha solicitado, en la Comisión de Presupuestos y Hacienda del Parlamento de Canarias, la exención del IGIC en los servicios de hospedaje de las residencias universitarias públicas del Archipiélago. La consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, asumió el compromiso de estudiar la propuesta y analizar su viabilidad, en paralelo a un examen de la escasez de plazas residenciales en Canarias.
Melodie Mendoza subrayó el trasfondo social de la iniciativa: “Estamos convencidos de que podría suponer un alivio real, justo y necesario para cientos de familias canarias, especialmente de islas no capitalinas”, afirmó, recordando que desde 2022 se volvió a aplicar el impuesto tras una década de exención.
La parlamentaria aportó datos oficiales que evidencian la tensión del sistema: 951 plazas conjuntas entre residencias y colegios mayores frente a más de 2.400 solicitudes. En la ULL se registraron más de 1.400 peticiones para 511 plazas, y en la ULPGC 979 solicitudes para 462 plazas; dos de cada tres estudiantes que necesitan alojamiento se quedan fuera. Mendoza recordó que quienes sí acceden a una plaza “deben asumir el pago del IGIC”, un sobrecoste que para familias vulnerables “supone 20 o 30 euros al mes”.
“Las prioridades fiscales deben alinearse con las prioridades sociales. La exención del IGIC en los servicios residenciales puede y debe ser ese gesto de apoyo institucional”, defendió Mendoza, señalando que la recaudación afectada sería de aproximadamente 150.000 euros al año, una cuantía no significativa para las arcas públicas, pero sí decisiva para los bolsillos de los estudiantes y sus familias. Asimismo, recordó que el Parlamento respaldó esta medida en mayo de 2024, en el marco de una proposición no de ley.
Por su parte, la consejera Matilde Asián valoró la propuesta y enfatizó la necesidad de abordar el déficit de infraestructuras: “Tomamos nota y lo vamos a estudiar”, señaló. “Me comprometo a estudiar en profundidad por qué hay tan pocas residencias universitarias en Canarias (…) y, posteriormente, ver dentro de las que hay la posible reducción del IGIC”. Asián mencionó que, en el ámbito fiscal vigente, existe una deducción de 900 euros para estudiantes que alquilan vivienda, comparten alojamiento o residen en colegios mayores o residencias, elemento que el Gobierno tendrá en cuenta en el análisis global del asunto.
Mendoza insistió en que el perfil socioeconómico de quienes acceden a residencia ya acredita necesidad económica, por lo que la exención del impuesto sería coherente con los objetivos de equidad territorial y oportunidades educativas del Gobierno de Canarias. “Esperamos que el próximo curso los estudiantes puedan ocupar sus plazas residenciales libres de una carga fiscal injustificada”, resaltó.
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