ASG impulsa que se evalúe ya a los menores robados de Canarias para su reconocimiento como víctimas

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Jesús Ramos, ha instado este jueves a acelerar la evaluación de los casos de menores robados en Canarias para que obtengan la consideración de víctimas conforme a la Ley de Memoria Democrática (Ley 20/2022) y puedan inscribirse en el registro estatal correspondiente. “Pedimos que el Gobierno estatal ponga en marcha, sin más demora, los mecanismos necesarios para evaluar los casos… en colaboración con las asociaciones y, por supuesto, con el Gobierno de Canarias”, señaló.

Ramos subrayó que la cuestión trasciende el ámbito histórico: “Esto no se trata solo de memoria histórica; se trata también de derechos humanos, se trata de derecho a la identidad y se trata también de conocer el origen propio de cada uno”, enfatizó durante su intervención en la Comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico y Justicia del Parlamento de Canarias.

Recordó que, pese al marco estatal, los expedientes tramitados hasta la fecha no han prosperado: “De hecho, tres expedientes que fueron solicitados, ninguno de ellos tuvo la consideración de víctimas”, advirtió, lo que evidencia la necesidad de un procedimiento claro, coordinado y con recursos suficientes.

En el ámbito autonómico, destacó la vigencia de la Ley 13/2019 de menores robados de Canarias, aprobada por el Parlamento, que visibilizó el problema y abrió un camino hacia la verdad. En este contexto, valoró que la Consejería de Presidencia convocara la comisión prevista en dicha ley y propiciara la reunión con los cabildos insulares para facilitar el acceso a información clave para las familias. “Agradezco y reconozco la labor… de respuesta y acompañamiento a este colectivo”, dijo Ramos, extendiendo el reconocimiento al viceconsejero de Justicia.

El parlamentario de ASG también valoró el riguroso trabajo de investigación impulsado por el colectivo Sin Identidad junto al profesor Paco de Tena, cuyo estudio documenta la represalia franquista y las tramas de tráfico de menores en las Islas. Recordó que, aunque su financiación se incluyó en varios ejercicios presupuestarios, no llegó a transferirse por motivos técnicos, y pidió asegurar financiación estable para investigación, apoyo psicológico y asesoramiento jurídico a las personas afectadas.

“El colectivo ha empezado a tener una respuesta positiva por parte de las administraciones públicas para su reconocimiento dentro del marco de la Ley de Memoria Democrática”, añadió, reclamando continuidad y coordinación entre Estado, Comunidad Autónoma y cabildos. “No se trata… de abrir heridas, sino de cerrarlas con dignidad”, resumió.

Por último, Ramos pidió mantener y reforzar el acompañamiento institucional: “Lo único que yo quiero pedirle hoy… es que sigan colaborando con ellos y que no cejen en su empeño”, afirmó, insistiendo en que muchas personas aún desconocen su origen y no cuentan con el reconocimiento de víctimas que la ley debe garantizar.