Ascav responsabiliza al Gobierno de empobrecer a miles de familias con ley vacacional

Ascav ha difundido un comunicado en el que considera que CC y PP "lo tienen muy claro, pasando del modo canario de hacer política al modo de pasar el rodillo" para erradicar a las familias con vivienda vacacional del panorama turístico "cueste lo que cueste y cuanto antes con el propósito que el coste político en las próximas elecciones no sea tan elevado".

Afirma la Ascav que el Gobierno autonómico se propone aprobar la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de la Vivienda el próximo 12 de noviembre en el pleno parlamentario "sin miramientos ni contemplaciones, sin escuchar ni atender las advertencias sobre las tremendas consecuencias, pues toca cuanto antes causar una hecatombe expulsando a la sociedad del turismo".

A su juicio, la "sentencia" que dicta el Gobierno regional es "clara y transparente", la de que el turismo no es de todos sino "sólo de unos pocos que sin duda empobrecerán aún más los bolsillos de los canarios".

La sociedad deberá conformarse con participar en el turismo como empleado de los exclusivos dueños del turismo, que reclaman su mano de obra, advierte la Ascav, que asegura que al Ejecutivo no le importa "lo más mínimo" lo que pueda pasar con los emprendedores que se dedican a gestionar viviendas vacacionales y las empresas de limpiezas y de mantenimiento.

También critica la presunción del Gobierno de que estas viviendas volverán al mercado de alquiler tradicional y al respecto sostiene que no hay "nada más lejos de la realidad", puesto que el 67% se encuentra en zonas turísticas y complejos de apartamentos residencializados y tampoco se pueden alquilar.

"Y el resto de viviendas vacacionales se cerrarán o venderán en su mayoría por la falta de seguridad jurídica de alquiler residencial", apunta la Asociación, con lo que en su opinión miles de familias tendrán que vender sus casas al mejor postor, es decir, a extranjeros y "perderán su patrimonio que han preservado durante décadas".

Asimismo discrepa de la disposición que otorga a los ayuntamientos la capacidad de otorgar a las viviendas vacacionales la condición de actividad clasificada, puesto que, a juicio de la Ascav, el uso turístico que pueden conceder los municipios queda exclusivamente reservado para los complejos turísticos.