Miércoles, 12 de Noviembre de 2025

Efe / Santa Cruz de Tenerife
Martes, 11 de Noviembre de 2025

Absuelto en operación contra la mafia será indemnizado por el tiempo que pasó en prisión

La Audiencia Nacional ha acordado que un vecino del sur de Tenerife que fue detenido en 2011 en el marco de una operación contra la mafia y que quedó luego absuelto reciba 30.000 euros en concepto de responsabilidad patrimonial por el tiempo que estuvo en prisión preventiva.



El hombre era uno de los veinte acusados de blanqueo y formar una organizacion criminal que luego quedaron sin cargos tras el juicio celebrado en 2011, aunque fue el único al que se le atribuyó el delito de tenencia de armas, penado con un año y un día de prisión.

Por ello, de los 1.289 días que estuvo privado de libertad a efectos indemnizatorios, se contabilizan 894 y el resto, hasta sumar 395, se corresponderían al delito que realmente cometió y que también puede dar lugar a prisión provisional.

El hombre reclamó en un principio al Ministerio de Justicia que le pagaran 800.000 euros como indemnización, lo que fue rechazado por el Abogado del Estado, de manera que a continuación acudió a los tribunales, que acaban de estimar en parte su petición a la espera de lo que dictamine el Supremo.

Entre los daños causados por haber permanecido privado de libertad, cita que era un empresario, promotor inmobiliario y dueño desde 2007 de la totalidad de una empresa dedicada a este sector, y que en 2010 adquirió un bar cercano.

Tenía una vivienda valorada en 500.000 euros, algo más de la mitad obtenida como hipoteca, por lo que debido a su entrada en prisión pasó a manos del banco, y el 25% de una villa, también con un préstamo de 200.000 euros, que igualmente perdió.

Era propietario de un coche de alta gama valorado en 68.000 euros y tasado en 20.000, una autocaravana de 45.000 euros y tasada en 5.000, y un Ferrari de 250.000 euros valorado en 50.000, a lo que se unió el embargo de su vivienda habitual, según alegó.

En su escrito indicó que pese a la crisis inmobiliaria de 2010, en aquel momento poseía numerosos recursos, pero todo cambió tras su detención y a partir de entonces las empresas se vieron sin administrador y “a la deriva”.

De manera que tras “una impresionante operación policial que se ha demostrado falsa, apenas cuatro años después la sociedad más sólida iría a la ruina por esta situación”, alega.

En cuanto a su vida personal, dejó “en completo abandono económico a la familia”, compuesta por su esposa y cuatro hijos, que tuvieron que ser mantenidos por familiares y amigos.

Al ser recluido en centros peninsulares sólo pudo recibir su visita en cinco ocasiones y una hija sufrió problemas por lo ocurrido, a lo que se une la “enorme e irreparable pérdida de reputación” al aparecer como mafioso en hasta 110.000 entradas del buscador Google.

El hombre permaneció en prisión preventiva desde octubre de 2011 hasta abril de 2015, por los supuestos delitos de blanqueo de capitales, asociación ilícita y tenencia de armas, y para quedar libre debió pagar una fianza de 10.000 euros y estar sujeto a determinadas medidas.

En 2016, tras el juicio celebrado en la Audiencia Nacional, fue absuelto, excepto del último delito, al tener en su domicilio una pistola semiautomática sin documentación ni licencia.

La Audiencia Nacional encontró antecedentes por violencia de género, aparece como divorciado, sólo constaban dos hijas, no cuatro como alegó, a una de las cuales se le diagnosticó depresión y problemas de rendimiento escolar pero sin constar que se le prescribiera tratamiento farmacológico.

La trascendencia de la detención en los medios se atribuye a la causa penal y se recuerda que quedó en libertad antes del juicio en el que se ratificó su inocencia.

No consta que las ejecuciones hipotecarias sobre sus bienes se llevaran a cabo tal y como relató, y se apunta que en su momento se levantaron los embargos sobre sus propiedades como coches, una embarcación y cuentas bancarias.

Son varios los detenidos en aquella operación que han recibido indemnizaciones por parte del Estado, que alcanzan entre los 9.000 y 12.000 euros por permanecer desde cinco meses a tres años privados de libertad de forma provisional tras la redada de 2011.

 

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