Esther Rodríguez celebra el fin de las llamadas en espera “eternas” para ser atendido por una máquina

La diputada socialista en el Congreso por la isla de La Gomera, Esther Rodríguez, ha querido subrayar las ventajas de la nueva Ley de Servicios de Atención a la Clientela que acaba “con una cantidad importante de prácticas de las empresas que afectaban de forma muy negativa a los clientes, como por ejemplo el hecho de esperar de forma casi ‘eterna’ a que te atiendan para, al final, tener que hablar con un contestador automático, o las molestas llamadas de spam”.

Rodríguez celebra que el Gobierno haya dado impulso a una norma que a partir de ahora exigirá a las empresas “responder a los clientes antes de los tres minutos, para evitar que sea solamente un contestador automático el que te atienda; evita las reseñas falsas en internet o prohíbe que los influencers publiciten las apuestas”. 

Conocida como la Ley SAC, Rodríguez detalla que ha sido impulsada por el Ministerio de Consumo, y otro de los aspectos que destaca es que “acaba con las tan incómodas llamadas de spam, quizás la práctica que más quejas tiene de los usuarios, por tanto, son muchos los cambios que vienen, entre otros, en la rapidez en la atención telefónica cuando los clientes llaman para recibir información, reclamar o solicitar algún servicio posventa, es decir, que cuando el cliente pida hablar con una persona se le garantice la atención”.

En cuanto a las llamadas de spam, las empresas deberán identificar sus llamadas comerciales con un prefijo y las operadoras de telefonía tendrán que bloquear las que no lo usen. “Además -añade- los call centers de compañías de más de 250 trabajadores y más de 50 millones de euros de facturación deberán atender las consultas en lenguas cooficiales”. 

Otro aspecto “importante es que los influencers tendrán nuevas restricciones a la publicidad del juego y apuestas y que puedan regalar bonos de bienvenida. La norma se aplicará a todas las grandes empresas que no cumplan con la normativa sectorial y a todas aquellas, grandes o pequeñas, que suministren agua y energía, servicios de transporte, postales, financieros o telefónicos e incluye al sector público que tenga relaciones comerciales o con los clientes y de consumo”. 

Por último, Rodríguez quiere subrayar que la Ley ha sido aprobada con el voto en contra de Vox y la abstención del PP, entendiendo que “la ultraderecha se mantiene al margen de la defensa de los consumidores”.