Sáhara Occidental: Mentiras, engaños Y tergiversaciones

José Ignacio Algueró Cuervo

- La marcha verde no estaba integrada por “unos trescientos cincuenta mil civiles marroquíes equipados sólo con banderas, el Corán y retratos de Hassan II”, sino que también participaron en ella miles de soldados marroquíes armados, como pudieron comprobar desde el aire helicópteros del Ejército español, y como se demostró en octubre de 1981 tras la batalla de Guelta Zemmur, cuando el Polisario pudo recoger de las bajas enemigas cientos de carnets rojos y verdes de militares que habían participado en la marcha.

-La marcha no “cogió por sorpresa” al Gobierno español; este conocía sus preparativos desde varias semanas antes y, lo que es aún más grave, mientras dictaba órdenes confusas para hacerle frente, facilitó a Marruecos planos del territorio y retrasó las líneas fronterizas defensivas para que los marchadores pudieran entrar unos kilómetros en el territorio.

-Estas contradicciones sembraron desazón en buena parte del Ejército destinado en el Sáhara, que había oído unos días antes (2 de noviembre) al príncipe Juan Carlos –jefe del Estado en funciones- afirmar en el Casino Militar de El Aaiún: “Se hará cuanto sea necesario para que nuestro Ejército conserve intacto su prestigio y el honor… Deseamos proteger también los legítimos derechos de la población civil saharaui, ya que nuestra misión en el mundo y nuestra historia nos lo exigen”. Ambas afirmaciones resultan falaces, por cuanto el Gobierno español había decidido el día 15 de octubre “llegar a la transferencia de la administración y a la cesión de la soberanía del territorio” e iniciar los preparativos para la Operación Golondrina de evacuación del mismo, todo ello con el máximo secreto.

-Los Acuerdos de Madrid fueron presentados por España, Marruecos y Mauritania como “una contribución de su parte al mantenimiento de la paz y seguridad internacionales”, sin embargo, constituyeron una auténtica venta de un territorio y de sus habitantes, recogida en una serie de cláusulas secretas que irían viendo la luz posteriormente. Además, lo firmado era de más que dudosa legalidad, por cuanto: no se incluyen ni una sola vez los términos referéndum y autodeterminación, compromisos aceptados previamente por España ante la ONU; el texto nunca sería ratificado por los parlamentos de los países firmantes, como era preceptivo; y, en el caso de España, nunca sería publicado en el BOE.

-El abandono (entrega, en realidad) de una provincia de España exigía una autorización de las Cortes franquistas (Ley de Descolonización) al Gobierno. El encargado de convencer a los llamados entonces procuradores sería el ministro de la Presidencia Antonio Carro. Su argumentario estuvo lleno de falacias. Recojo textualmente algunas: “La descolonización no afecta a la integridad territorial de España, ya que el Sáhara es de España pero no es España, pues no existe allí igualdad ante la ley y sólo existen dos municipios… Hoy por hoy, el Gobierno no está vinculado por compromiso formal alguno respecto a la suerte del territorio y de la población” (seis días antes se había firmado la venta)… “Fue la gallardía y la firmeza de nuestro Ejército el más apreciable y eficaz argumento disuasorio para la retirada de la marcha verde” (la orden de retirada se dio cuando Hassan II tuvo la certeza de que el Sáhara sería suyo).

-Pese a las reiteradas afirmaciones del actual ministro de Exteriores José Manuel Albares en el sentido de que “ni en la lista de Territorios No Autónomos de la ONU ni en ninguna resolución del Consejo de Seguridad  [España] es potencia administradora del Sáhara Occidental, ya que dejó de serlo en 1975”, el 26 de febrero de 1976, al arriar la última bandera española en el territorio, el propio Gobierno español emitió una nota en la que afirmaba: “La descolonización… no culminará en tanto la opinión de la población saharaui no se haya expresado libremente, [lo que] requiere la presencia de un representante de la ONU en dicha consulta”.

En la misma línea, el 4 de julio de 2014, Fernando Grande-Marlaska, actuando como presidente del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, dictó un auto en el que se afirmaba lo siguiente: “España, de derecho aunque no de hecho, sigue siendo la potencia administradora del territorio, y como tal, hasta que finalice el período de la descolonización, tiene las obligaciones recogidas en los artículos 73 y 74 de la Carta de las Naciones Unidas, entre ellas dar protección, incluso jurisdiccional, a sus ciudadanos contra todo abuso”.

El mismo Marlaska, siendo ahora ministro del Interior, deportaría hace unos meses a Marruecos en avión, y con movilidad reducida, a diez saharauis que pretendían solicitar asilo político en España al sentirse perseguidos por el reino aluí.

-Al cumplirse un año de los Acuerdos Tripartitos de Madrid, Felipe González, visitó como secretario general los campamentos saharauis de Tinduf y afirmó solemne: “No quiero prometeros algo, sino comprometerme con la Historia: nuestro partido estará con vosotros hasta la victoria final”. Sin embargo, siendo ya presidente del Gobierno, vendería armas a Marruecos, suscribiría el acuerdo de pesca que incluía aguas del Sáhara occidental, y aprovecharía el ataque al pesquero Junquito y a la patrullera Tagomago para cerrar la oficina del movimiento de liberación en Madrid y expulsar a su delegado Buhari Ahmed, antiguo amigo y compañero en la lucha por las libertades en España.

Si como presidente apoyó de facto la ocupación marroquí, al cesar se convirtió en amigo fiel y defensor de los intereses de Hassan II y Mohamed VI en el mundo, y hoy apoya la autonomía dentro de Marruecos como “la solución más seria y realista para el conflicto”.

-José Luis Rodríguez Zapatero defendió estando en la oposición los derechos del pueblo saharaui. A poco de ser elegido presidente en abril de 2004, se comprometió públicamente a buscar una fórmula imaginativa” para solucionar el conflicto “en seis meses” mediante “un acuerdo entre las partes” alcanzado tras la renuncia a “posturas absolutamente irreconciliables”. Preguntado por la muerte de un saharaui con DNI español en los sucesos de Gdeim Izik (cerca de El Aaiún) en 2010, respondería evasivo: “Es necesario ganar tiempo con la búsqueda de una solución política”.

Zapatero y su ministro Moratinos apoyarían la gestación en 2007 de los tres folios del plan de autonomía dentro de Marruecos al que volveré a referirme. Aún así, en el programa electoral del PSOE de 2008, mantenía que el diálogo entre saharauis y marroquíes debería llevar a una solución “… que permita la autodeterminación del pueblo saharaui”.

Condecorado con la más alta distinción que otorga el monarca alauí a extranjeros por, entre otros “servicios”, su defensa de un Sáhara marroquí, hoy Zapatero apoya a disidentes del Polisario aunque, según el propio CNI, se les considere al servicio de Marruecos, y no duda en viajar al Sáhara ocupado o donde se tercie para buscar apoyos a la autonomía.

-Mariano Rajoy criticó en 2010 el brutal desmantelamiento del citado campamento de Gdeim Izik. En 2012 ordenó por sorpresa la evacuación de los cooperantes españoles que trabajaban en Tinduf, so pretexto de “indicios fundados de un severo incremento de la criminalidad”, indicios que nunca llegarían a concretarse.
Tras un auto de fecha 9 de abril de 2015 del juez Pablo Ruz –destinado interinamente en la Audiencia Nacional-  por el que decidía el procesamiento de once altos cargos marroquíes por el genocidio saharaui entre 1975 y 1991, Mariano Rajoy saludó con satisfacción que pocas semanas después se apartara al juez del caso al no renovársele la comisión y retornar al juzgado de Móstoles del que era titular. 

-En el programa electoral con el que el PSOE concurrió a las elecciones en 2018 todavía se incluía el derecho saharaui a la autodeterminación. Pedro Sánchez, ya presidente, autorizaría el 18 de abril de 2021 el ingreso en un hospital de Logroño de Brahim Ghali, presidente de la RASD, gravemente enfermo, y “por razones humanitarias”. La venganza marroquí consistió en retirar a la embajadora en Madrid y permitir que unos nueve mil súbditos de Mohamed VI atravesaran la valla de Ceuta.

El 18 de marzo de 2022, el Palacio Real marroquí hablaba por Pedro Sánchez al comunicar que éste consideraba la iniciativa de autonomía como “la base más seria, realista y creíble para la resolución del diferendo sobre el Sáhara”. Sólo el PSOE apoyaría en el parlamento español el cambio de la tradicional posición de España en el conflicto que suponía la introducción del adverbio “más”, con el que se enterraba, de facto, el apoyo a la libre autodeterminación con opción de independencia.

Tanto Sánchez como su ministro Albares trataron de justificar el “giro” adelantando consecuencias tan positivas como: el control de la salida de inmigrantes desde Marruecos (incluida la costa del Sáhara Occidental ocupado); la subsiguiente estabilidad para Ceuta, Melilla, Canarias e incluso Andalucía; la rápida apertura de las aduanas de las dos ciudades españolas norteafricanas; el establecimiento de unas relaciones ejemplares entre dos países vecinos, amigos y aliados; el compromiso de respetar las fronteras respectivas, y otras.

Cualquier persona interesada en la materia podrá valorar si las enormes expectativas señaladas por el presidente español se han cumplido o no. Y eso, sin cuantificar el perjuicio ocasionado a las relaciones comerciales con Argelia.

-El pasado 31 de octubre, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobaba la resolución 2797 por 11 votos a favor y 3 abstenciones (China, Rusia y Pakistán). Argelia se ausentó en el momento de votar.

Dicha resolución:

. Afirma que la autonomía bajo soberanía de Marruecos podría constituir la solución más viable para el conflicto.

.Invita a las partes –Marruecos y el Frente Polisario a reanudar las negociaciones “de buena fe” basadas en esa propuesta.

.Solicita al Secretario General de la ONU un informe estratégico sobre la situación y el mandato de la MINURSO (Misión de las Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental) en un plazo de seis meses.

Es innegable que la resolución es muy favorable a los intereses de Marruecos, pero tanto el monarca alauí como muchos medios de comunicación españoles faltan al rigor exigible a la hora de interpretar lo aprobado. 

Mohamed VI, cuando convierte el 31 de octubre en fiesta nacional (en detrimento del día de la Marcha Verde), por considerar que ese día la ONU ha legitimado que el Sáhara Occidental forme parte de Marruecos.

En cuanto a los medios españoles, cometen errores como confundir la parte (el Consejo de Seguridad, integrado por 15 países, de los que 5 son permanentes y tienen derecho de veto), con la Asamblea General, formada por 193 miembros. Así, puede leerse: “La ONU aprueba la autonomía marroquí para el Sáhara”.

La resolución considera que la autonomía podría ser la solución más viable (y al nombrarla expresamente la apoya), pero no excluye otras (como pudiera ser la autodeterminación).

La resolución no reconoce expresamente la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, como pretendió hasta el último momento Francia. Tanto Gran Bretaña como Dinamarca quisieron dejar clara la cuestión; así, el representante danés afirmó: “Nuestro voto a favor de la resolución no constituye un reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, ya que cualquier solución debe ser acordada entre las partes de conformidad con la Carta y los principios de las Naciones Unidas, incluido el derecho a la libre determinación”.

En definitiva, podríamos concluir que Marruecos ha dado un paso importante en su pretensión de ver “legalizada” por la comunidad internacional su ilegal ocupación del Sáhara Occidental, pero que el expediente no está ni mucho menos cerrado. 

El pueblo saharaui ha sufrido desde 1975 toda una serie de engaños, afrentas y violaciones de sus derechos más elementales -de los que aquí se ha recogido una parte puramente testimonial- que lo han llevado a ser cincuenta años después la última colonia africana pendiente de descolonizar, a ver ocupadas sus propiedades y a ser perseguidos en el Sáhara ocupado, a subsistir en la hamada de Tinduf en condiciones durísimas, o a emigrar al extranjero en busca de un futuro que se les niega.

España, como potencia administradora de iure, tiene una responsabilidad que asumir para que esta página tan negra de nuestra Historia no lo sea aún más.

* José Ignacio Algueró Cuervo, doctor en Geografía e Historia, y autor de El Sáhara y España. Claves de una descolonización pendiente.