ASG demanda una solución definitiva para Cho–Parque de la Reina tras más de cuatro décadas de bloqueo urbanístico

Defiende culminar el proyecto de compensación, reforzar la colaboración interadministrativa y situar a los propietarios en el centro del procedimiento, con información transparente, plazos orientativos y una “ventanilla clara” para los afectados

La presidenta del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Melodie Mendoza, ha demandado este martes, en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Parlamento de Canarias, una solución “definitiva y justa” para el Polígono 2A (fase 1) de Cho–Parque de la Reina, en Arona, donde una treintena de propietarios no pueden obtener licencias de construcción y otros ven cuestionados los servicios municipales que reciben por una recepción de la urbanización nunca culminada.

Melodie Mendoza recordó que se trata de un ámbito promovido por Gestur en los años 80, en un municipio turístico con fuerte presión demográfica y en plena emergencia habitacional declarada en Canarias, “un suelo estratégico para la vivienda y la actividad económica del sur de Tenerife que lleva décadas infrautilizado por una suma de errores históricos y trámites inacabados”.

“Detrás de este expediente urbanístico no hay solo planos, informes o referencias catastrales; hay familias que han invertido sus ahorros, pequeñas y medianas empresas y personas que viven desde hace años con una enorme incertidumbre sobre algo tan básico como poder construir su vivienda o tener garantizados unos servicios municipales estables”, subrayó la parlamentaria de ASG, que agradeció las explicaciones ofrecidas por el consejero delegado de Gestur, Agoney Piñero.

Según expuso Melodie Mendoza, la urbanización fue materialmente ejecutada en gran medida y el Ayuntamiento de Arona presta desde hace años servicios como alumbrado, limpieza o mantenimiento; se han concedido licencias de edificación y las vías figuran en el inventario municipal. “En la práctica, las vecinas y vecinos contribuyen y reciben servicios como en cualquier otro barrio, pero cuando intentan construir, vender, financiar o tramitar una nueva licencia se encuentran con un muro administrativo porque la recepción formal nunca se ha rematado”, explicó.

Incidió en que “no se trata de reescribir la historia ni de buscar culpables cuarenta años después, pero sí de asumir que hubo errores, omisiones y trámites que no se culminaron ni por parte de la empresa promotora ni por parte de la administración municipal, y que esa inercia ha ido comprometiendo derechos presentes: el derecho a la vivienda, a la seguridad jurídica y a un desarrollo económico ordenado”.

“Desde Agrupación Socialista Gomera defendemos una idea muy clara: cada administración tiene su ámbito competencial, pero cuando el resultado es un bloqueo de décadas, la respuesta tiene que ser cooperativa y no defensiva”, afirmó. En este sentido, planteó tres líneas de trabajo prioritarias: culminar el itinerario técnico y jurídico del proyecto de compensación, articular un marco estable de colaboración entre Gestur, Gobierno de Canarias y Ayuntamiento de Arona, y colocar a las personas afectadas en el centro del procedimiento.

En cuanto al papel de los propietarios, la presidenta del Grupo Parlamentario ASG insistió en que “poner a las personas en el centro significa ofrecer información transparente, plazos orientativos y una ventanilla clara para los propietarios”. “No es razonable que haya familias que lleven años sin saber qué pueden hacer con su parcela, a quién dirigirse o qué calendario maneja la administración para resolver esta situación; les debemos certidumbre y respeto”, añadió.

Trasladó al consejero delegado de Gestur que ASG mantendrá una posición “leal y exigente”. “Apoyaremos cualquier iniciativa que contribuya a cerrar este expediente con garantías, pero también reclamaremos que se fije una hoja de ruta concreta, con hitos claros y con un seguimiento que, en nuestra opinión, debe tener también reflejo en esta Cámara”, apuntó. Como lección de futuro, reclamó “mejores mecanismos de control sobre los proyectos promovidos por empresas públicas, más coordinación entre Gobierno y ayuntamientos en procesos urbanísticos complejos y la convicción de que los tiempos de la administración no pueden eternizarse cuando lo que está en juego es la vida de la gente”.

“Hoy hablamos de Cho–Parque de la Reina, pero podríamos estar hablando de otros muchos ámbitos donde la burocracia y la falta de seguimiento han causado un enorme daño a personas concretas. Nuestro objetivo es que este caso se convierta en un ejemplo de cómo, incluso cuarenta años después, las instituciones pueden reaccionar, cooperar y dar una respuesta justa”, recalcó.