Jueves, 27 de Noviembre de 2025

Efe / Santa Cruz de Tenerife
Miércoles, 26 de Noviembre de 2025

Rechazo a la petición del PSOE de suspender las sanciones a residentes en zonas turísticas

Los grupos que apoyan al Gobierno regional han rechazado este miércoles una iniciativa del PSOE para suspender de forma inmediata las sanciones impuestas a las personas que residen en zonas turísticas, y en cuya defensa el diputado Gustavo Santana pidió el cese de la consejera de Turismo, Jéssica de León.



La proposición no de ley contó con el apoyo de Vox y de NC-BC y Gustavo Santana rechazó las enmiendas que había formulado el grupo Nacionalista, que calificó de "patada hacia adelante" al remitir la solución a este problema a una modificación de la ley turística de 1995.

Para el parlamentario socialista, la consejera de Turismo "ha provocado este caos" y es el obstáculo del Gobierno para solucionar las sanciones de forma inmediata, por lo que pidió que "si la consejera no quiere resolver este problema, habrá que quitarla".

"¿No les pesa este asunto en la conciencia?", ha preguntado Santana al resto de parlamentarios autonómicos, para indicar que cuando el Gobierno afirmaba que este asunto se resolvería con la ley del alquiler vacacional "los expedientes jurídicos seguían caminando generando una injusticia de enorme calibre".

Por Vox Paula Jover respaldó la iniciativa por defender el derecho a la propiedad "vilipendiado" por el bipartidismo y dar la espalda a los pequeños propietarios de clase media, al tiempo que criticó al Gobierno canario por su "decretazo y desprecio institucional inaudito" a la participación ciudadana, y generar "conflictos, inseguridad jurídica y sanciones injustas".

Esther González, de NC-BC, explicó su enmienda a la proposición no de ley para "obligar al Gobierno a legislar con rigor" y evitar nuevos procedimientos sancionadores en los que se trate a los propietarios "como delincuentes".

En su enmienda se pedía garantizar la seguridad jurídica de quienes usan apartamentos en zonas turísticos como vivienda habitual, derogar el decreto ley "que agravó el problema", eliminar la disposición transitoria sexta de la ley de alquiler vacaciones y modificar el artículo 2 de la misma norma para definir con claridad el establecimiento turístico y la unidad alojativa.

La nacionalista Socorro Beato ha considerado las sanciones "injustas" y ha comprendido la preocupación "legítima" de los afectados, pero también acusó a Santana de buscar "su minuto de gloria" porque, dijo, durante la tramitación de la ley del alquiler vacacional le ofreció dos enmiendas sobre este asunto y se negó a admitirlas.

Beato ha defendido una modificación del principio de unidad de explotación definido en la ley turística de 1995 para abordar el problema en su integridad.

"Yo no hablo alto y a veces ni siquiera se me ve, pero estoy trabajando en un compromiso claro para una respuesta justa y viable no dejar solos a los propietarios, pero tampoco engañarlos con una respuesta que no soporta el mínimo análisis", afirmó.

Por el grupo Popular David Morales señaló que el PSOE "prendió la mecha" en este ámbito la pasada legislatura "y ahora se presentan como bomberos", para indicar que el actual Gobierno "ni acaba con las viviendas vacacionales ni expulsa a los residentes" y afirmar que la consejera ha logrado "el aplauso social por su valentía" a la hora de regular el alquiler vacacional.

Raúl Acosta, del grupo Mixto por AHI, ha señalado que este es un problema "heredado por desmanes en el planeamiento y falta de actuación de entes locales", pero la solución no debe ser improvisada, y el camino de la proposición socialista "no es el adecuado", sino una reforma legislativa integral sobre la unidad de explotación.

Para Jesús Ramos, de Agrupación Socialista Gomera, el enfrentamiento y la confrontación no es la forma de buscar una solución a los afectados y pidió "trabajar juntos para una reforma legislativa" que aborde el problema, por lo que aunque rechazó la proposición le tendió la mano al PSOE para buscar la mejor solución posible a través de una modificación legal.

 

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