Ayuntamientos como cementerios de empresas

Oscar Izquierdo

Lo que debería ser un procedimiento ágil y predecible, se convierte casi siempre, en una carrera de obstáculos, donde se combinan armoniosamente retrasos injustificados y perjuicios graves, tanto para las empresas como para los ciudadanos.

El principal problema viene dado por la ausencia de entender y practicar el trabajo del empleado público, por cierto, cuanto más alto en la escala de la carrera profesional, peor se comporta, como un servicio a los demás y no como provecho propio. También hay que meter en el mismo saco al político de turno, que suele caracterizarse por su mediocridad manifiesta. El empoderamiento que lleva implícito esta actitud maléfica lleva a la soberbia del engreído, implantando sistemáticamente interpretaciones personales o dándose el caso de enfrentamientos internos, por pruritos personales o de prestigio, que superan en muchos casos la ciencia ficción, obligando al empresario o ciudadano a llegar a los tribunales, lo que eso significa de pérdida de tiempo, dinero, salud, y mucha desesperación.

 
Muchos ayuntamientos hablan de modernización, digitalización y eficiencia, pero en la práctica, los procesos están llenos de duplicidades, contradicciones, requisitos que cambian según el técnico, porque generalmente las relaciones personales entre ellos o ellas no suelen ser amistosas. No existe un criterio homogéneo, cada funcionario anda a sus anchas, interpretando la normativa a su manera, con una excesiva falta de coordinación que provoca que los expedientes no avancen.

Lo más aberrante es que suelen disfrazar de rigor técnico, lo que es una insoportable lentitud. Por cierto, hay que dejar meridianamente claro que no se trata de pedir que los funcionarios sean laxos, sino de reclamar que trabajen con orden, constancia y sobre todo, implementando una productividad medible y cuantificable, con un cumplimiento estricto de los plazos establecidos por la legislación. Los tiempos de espera que estamos asumiendo, resignadamente, son inaceptables. 

Los responsables políticos tampoco ayudan, es más, son culpables de que esto suceda y se permita. Con demasiada frecuencia se escudan en los técnicos, olvidando que son ellos quienes deben dotar de medios materiales, personal suficiente y procedimientos ágiles el funcionamiento ordinario de sus ayuntamientos. Prometen simplificar trámites, pero luego mantienen estructuras obsoletas, departamentos infradotados y procesos que dependen más de la buena voluntad individual de un funcionario, que suele escasear, que de un sistema bien diseñado. La falta de liderazgo político se nota, mucha cobardía y poca gallardía porque nadie asume la responsabilidad de resolver los problemas, ni exigir resultados, pidiendo la rendición de cuentas cuando la ineficiencia se transforma en lo de todos los días.

Se revisa todo, cuando se hace, con un exceso de celo que más que garantizar legalidad paraliza cualquier avance. Lo normal es que no se haga nada y el expediente duerma en el limbo del olvido. El miedo a la firma genera un círculo vicioso, si algo es complejo, mejor retrasarlo, si genera duda, mejor pedir otro informe, si algo implica asumir un criterio propio, mejor pasarlo a otro departamento y si todo esto falla, pues se va al médico del Centro de Salud, generalmente muy conocido y amigo, para coger la baja laboral y así los expedientes envejecen sin que nadie se atreva a moverlos.