CCOO denuncia la caótica implantación de los Tribunales de Instancia en Canarias

La organización sindical expresa su rotunda desaprobación y su profundo malestar ante una reforma que se ha puesto en marcha sin una negociación real y efectiva con las organizaciones sindicales representativas del personal de la Administración de Justicia. Esta forma de proceder está generando disfunciones severas en el funcionamiento diario de los órganos judiciales, con consecuencias directas tanto para la plantilla y los profesionales de la Justicia como para la ciudadanía, que ve deteriorarse el derecho a un servicio público ágil y eficaz.

CCOO denuncia, en primer lugar, la inexistencia de medios técnicos y organizativos suficientes para que los nuevos tribunales puedan operar con normalidad. En varios partidos judiciales se han detectado graves problemas con los sistemas informáticos, dificultades de acceso a los procedimientos y una ausencia total de formación adecuada para asumir las nuevas funciones. A ello se suma la dispersión de sedes judiciales y la falta de espacios físicos suficientes en los palacios de Justicia, lo que agrava aún más la situación.

En segundo término, el sindicato denuncia que la implantación de esta reforma se ha llevado a cabo sin dotación presupuestaria alguna. Desde la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias se ha trasladado reiteradamente que la aplicación de la Ley Orgánica impuesta por el Gobierno central no viene acompañada de financiación específica, lo que ha servido de argumento para negarse a la creación de nuevas plazas en los servicios más saturados y con mayor necesidad de personal.

Asimismo, CCOO advierte de que la reforma no ha ido acompañada de un refuerzo real de las plantillas ni de una negociación sobre las relaciones de puestos de trabajo y las condiciones laborales. Esta situación resulta especialmente grave en un territorio como Canarias, que presenta los índices de litigiosidad más altos del Estado y los mayores módulos de entrada de asuntos, sin que se haya invertido un solo euro en ampliar los efectivos disponibles. Todo ello está provocando una sobrecarga de trabajo inasumible y un deterioro progresivo de la calidad del servicio.

Otro de los efectos más preocupantes señalados por el sindicato es la pérdida de especialización del personal. La reforma está dando lugar a una redistribución forzosa de efectivos que rompe con trayectorias profesionales consolidadas en materias tan sensibles como violencia sobre la mujer, familia, jurisdicción laboral o contencioso-administrativa. Personal altamente especializado se ve obligado a integrarse en macroservicios que tramitan procedimientos de toda índole, con el consiguiente perjuicio para la calidad técnica y la atención a la ciudadanía.

Finalmente, CCOO denuncia la falta de determinación clara de funciones y de complementos en las relaciones de puestos de trabajo. Se ha aprobado un listado genérico, sin definición concreta de tareas, que contraviene diversas sentencias del Tribunal Superior de Justicia. Ante esta situación, el sindicato se ha visto obligado a impugnar dichas relaciones de puestos tanto en vía administrativa como, en última instancia, en la vía judicial.

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias exige la paralización de este modelo de implantación, la apertura inmediata de un proceso de negociación real con las organizaciones sindicales y la dotación de los recursos humanos, técnicos y presupuestarios necesarios para garantizar un servicio público de Justicia digno y eficaz.