Iniciativa por La Gomera (IxLG) solicita la comparecencia del consejero insular

Iniciativa por La Gomera (IxLG), a través de su portavoz y consejero insular, Guzmán Correa Marichal, registró ayer una solicitud de comparecencia del consejero insular competente en materia de Política Territorial, Medio Ambiente y Sector Primario, a raíz de la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que confirma la nulidad de pleno derecho del decreto del presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, por el que se declaraban zonas de caza controlada en la isla, tras la información publicada por Canarias Ahora.

La solicitud de comparecencia se formula al amparo de lo dispuesto en el artículo 66 del Reglamento de Organización y Funcionamiento Interno del Cabildo Insular de La Gomera, con el objetivo de que el responsable político dé explicaciones públicas sobre las consecuencias jurídicas, administrativas y económicas derivadas de esta resolución judicial.

Iniciativa por La Gomera (IxLG) recuerda que, tal como revela la información del diario digital, el TSJC ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el Cabildo Insular de La Gomera y ha respaldado íntegramente la sentencia dictada en agosto de 2024 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Santa Cruz de Tenerife, confirmando la nulidad del Decreto de 19 de septiembre de 2022, publicado en el BOC el 22 de septiembre de ese año. Dicho decreto, firmado por Casimiro Curbelo Curbelo, prorrogaba durante cinco años el régimen de caza controlada en La Gomera sin contar con el preceptivo Plan Técnico de Caza, instrumento exigido por la normativa vigente.

Desde Iniciativa por La Gomera (IxLG) recuerdan que ya en octubre de 2022 el consejero insular Aarón Rodríguez Ramos preguntó por este asunto en sesión plenaria.  El partido progresista gomero mostró su alarma entonces porque no se conocía nada sobre el estado de elaboración del Plan Insular de Caza; de hecho, cuando era necesario para poder aprobar el Plan Técnico de Caza Controlada, ambos instrumentos reguladores de la actividad cinegética. El consejero alertaba entonces, hace más de tres años, sobre el incumplimiento de los propios plazos establecidos por el propio Cabildo para la elaboración de estos documentos desde 1998, que a juicio de la formación política acababa de provocar recientemente una situación de inseguridad jurídica e incertidumbre para la caza controlada en la isla, que ya era conocida por los colectivos afectados.

Entonces el consejero alertó que en 1993, en el Boletín Oficial de Canarias número 84, el Cabildo Insular de La Gomera declaró gran parte de la isla como Zona Especial Cinegética, Caza Controlada, con una duración de 24 años. Ese régimen había concluido en 2017, para lo que el Cabildo aprobó una prórroga de 5 años que finalizó en julio de 2022. Desde Iniciativa por La Gomera (IxLG) preguntaron entonces si el presidente del Cabildo y el grupo de gobierno de ASG habían hecho los deberes oportunos para garantizar la caza controlada, lo que la reciente sentencia demuestra que no.

Correa Marichal, consejero insular y portavoz de Iniciativa por La Gomera (IxLG),  advierte de los importantes efectos prácticos de esta nulidad, ya que el decreto introducía restricciones directas al ejercicio de la caza —como requisitos de arraigo y un régimen especial gestionado por una entidad colaboradora— sin contar supuestamente con debido soporte legal y técnico.

La preocupación del partido progresista gomero consiste en qué va a suceder a partir de esta resolución judicial con la caza controlada en la isla, así como cuáles puedan ser las responsabilidades económicas para el Cabildo, incluyendo la posible devolución de las cantidades cobradas por tarjetas de caza controlada y tasas asociadas desde 2022, así como la nulidad de las actuaciones realizadas por la entidad colaboradora Hunters Agana y de las sanciones impuestas en aplicación del decreto ahora anulado.

Por todo ello, Iniciativa por La Gomera (IxLG) exige que comparezca el consejero competente en la materia y dé explicaciones claras sobre esta gestión, que según las informaciones periodísticas publicadas ha sido declarada contraria a Derecho por los tribunales.