La parálisis administrativa hunde a las empresas y bloquea miles de viviendas

Esta situación, lejos de ser coyuntural, es ya estructural y crónica. Expedientes completos, ajustados a la legalidad y con todos los informes requeridos, permanecen bloqueados durante meses o años sin resolución, sin explicaciones claras y sin plazos ciertos. Una plena inseguridad jurídica. La consecuencia es devastadora, empresas asfixiadas, inversiones paralizadas, proyectos inviables y una creciente destrucción del tejido empresarial en uno de los sectores clave de nuestra economía, como es la construcción.

Resulta especialmente grave que esta parálisis se produzca en un contexto de emergencia habitacional, con una escasez evidente de viviendas y precios disparados. Mientras se multiplican los discursos políticos demagógicos sobre la necesidad de construir más, siendo la propia Administración Pública, con una Función Pública totalmente inoperativa, la que actúa como el principal obstáculo, impidiendo que las viviendas se inicien y lleguen al mercado.

La inseguridad jurídica generada por esta burocracia ineficiente está expulsando muchas inversiones, encareciendo los costes financieros y trasladando al precio final de la vivienda el coste de una Administración que no cumple su trabajo con eficiencia operativa. Cada mes y no digamos años de retraso es dinero perdido,  riesgo  de exclusión social por la  barrera que significa la gestión local, tanto de políticos como de funcionarios, para que miles de familias accedan a una vivienda.

No es aceptable exigir a las empresas rigor, cumplimiento normativo y responsabilidad, mientras la Administración incumple sistemáticamente sus propios plazos sin asumir consecuencias. La burocracia no puede seguir siendo una coartada para la inacción, ni una condena silenciosa para el sector de la construcción.

Es imprescindible una reforma urgente, real y profunda de los procedimientos administrativos, el refuerzo inmediato de los servicios técnicos, la simplificación de trámites y sobre todo, la asunción de responsabilidades políticas y administrativas o de cualquier tipo que sean precisas. No hacerlo supone condenar al sector de la construcción, agravar la crisis de vivienda y perjudicar gravemente al conjunto de la sociedad.