El Gobierno se personará como parte agraviada si hay causa por las oposiciones a Policía

Durante una comisión parlamentaria celebrada este martes en la Cámara regional, la diputada de Nueva Canarias Carmen Hernández ha calificado el asunto como “uno de los más delicados y más graves” planteados hasta la fecha y ha trasladado las quejas de algunos de los denunciantes, que sostienen que no se han respetado las bases, que se habría manipulado el baremo para beneficiar a terceros y que algunos miembros del tribunal deberían haberse abstenido.

La parlamentaria ha preguntado qué actuaciones ha adoptado la Consejería desde que tuvo conocimiento de las denuncias, si dispone de informes jurídicos que avalen su actuación y en qué fase se encuentra el procedimiento, así como si se prevé suspenderlo hasta que se esclarezcan los hechos, algo que la consejera ha descartado.

Barreto ha explicado que la consejería impulsa el procedimiento hasta el nombramiento del tribunal, pero que, una vez constituido, el órgano es independiente y asume la dirección del proceso, incluidos los recursos.

Ha indicado que se han presentado en torno a setenta recursos en vía administrativa, que están siendo resueltos y contestados conforme a la normativa, y que, hasta hoy, la Consejería no ha recibido por los conductos oficiales notificación alguna de apertura de causa judicial.

“No tenemos conocimiento oficial de que se haya abierto ninguna causa”, ha afirmado la consejera, quien ha señalado que, si se produjera esa circunstancia, la Administración se consideraría parte agraviada y se personaría en el procedimiento.

Barreto ha subrayado que el Gobierno mantiene como objetivo estratégico el aumento de efectivos de la Policía Canaria y que no quiere “ninguna duda” sobre los procedimientos de acceso al cuerpo, al tiempo que ha reconocido que la situación “nos cabrea” porque puede generar desconfianza sobre un proceso que, ha dicho, se ha convocado y tramitado conforme a la legalidad.

En su segunda intervención, Carmen Hernández ha insistido en que la Consejería no puede desvincularse del proceso y ha cuestionado que no se haya solicitado un informe jurídico específico ante la gravedad de las denuncias.

Por su parte, la diputada de Vox Paula Jover ha preguntado por posibles expedientes de recusación de miembros del tribunal, al señalar las acusaciones respecto a que el presidente habría impartido clases en la academia de un familiar, y ha pedido investigar si existe causa de abstención.

Barreto ha confirmado que se han tramitado recusaciones conforme a la normativa y que se ha dado respuesta a las partes interesadas, aunque no ha precisado el número exacto, y ha reiterado que el proceso selectivo continúa bajo la responsabilidad del tribunal, con la supervisión administrativa correspondiente.

La consejera ha señalado que las resoluciones adoptadas se han basado en la recabación de información y documentación previa y que la investigación judicial, en su caso, corresponde a los tribunales, mientras que la actuación del Ejecutivo se limita al ámbito administrativo.

Jover ha indicado que tiene constancia de al menos dos expedientes de recusación y ha advertido de que volverá a preguntar en comisión, al considerar que no debe darse por válida únicamente la versión del presidente del tribunal sin una comprobación exhaustiva, a lo que Barreto ha respondido que todas las alegaciones siguen un procedimiento en el que se hacen indagaciones.