La Gomera pide una Ley de Cabildos sólida y una transición energética con beneficios reales para las islas

El vicepresidente primero y consejero insular de Régimen Interior y Patrimonio Insular del Cabildo de La Gomera, Adasat Reyes, ha intervenido este miércoles en la Comisión General de Cabildos Insulares del Parlamento de Canarias para fijar la posición de la institución insular ante dos iniciativas de especial trascendencia: la proposición de ley de modificación de la Ley de Cabildos Insulares y el decreto ley de modificación de la Ley 6/2022, de cambio climático y transición energética, del decreto ley 5/2024 y de la Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos.

En relación con la reforma de la Ley de Cabildos, Reyes defendió la necesidad de culminar un proceso que permita adaptar el marco normativo al Estatuto de Autonomía de 2018, que reconoce a los cabildos su doble condición como instituciones de la Comunidad Autónoma y como órganos de gobierno, administración y representación de cada isla.

“Contar con una ley que actualice y clarifique nuestro régimen jurídico no es una cuestión teórica, sino una necesidad práctica y real”, afirmó, subrayando que los cabildos gestionan un volumen muy significativo de competencias y servicios esenciales, lo que exige seguridad jurídica y delimitación clara de funciones.

El vicepresidente recordó que el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias avala, en términos generales, la constitucionalidad de la iniciativa, si bien formula observaciones técnicas que pueden ser perfeccionadas durante el trámite parlamentario. “El Parlamento es el espacio adecuado para mejorar los textos y reforzar su encaje en el bloque de la constitucionalidad”, señaló, apelando a mantener el espíritu de cooperación institucional que ha acompañado la elaboración de la propuesta.

No obstante, fue en el análisis del decreto ley en materia de cambio climático, transición energética y suelo donde Reyes centró buena parte de su intervención, al considerar que sus efectos prácticos inciden de manera directa en la planificación territorial y en el modelo de desarrollo insular.

El representante gomero valoró positivamente la convalidación de la norma y su posterior tramitación como proyecto de ley, destacando que introduce medidas concretas que fortalecen el equilibrio territorial y la sostenibilidad urbana. Entre ellas, subrayó la exigencia de un mínimo de 10 metros cuadrados de zona verde por habitante en nuevos desarrollos urbanísticos, lo que, a su juicio, “supone un estándar claro y medible que mejora la calidad de vida y aporta coherencia a la planificación”.

Asimismo, destacó la regulación de la participación local en proyectos de energías renovables, estableciendo la obligación de ofrecer al menos el 20% de participación en los proyectos, incorporando expresamente a ayuntamientos y cabildos como posibles partícipes. “No podemos permitir que la transición energética se perciba como una imposición externa. Debe generar retornos reales y tangibles para las islas”, apuntó.

Reyes incidió en que esta previsión contribuye a que los beneficios económicos derivados de las instalaciones energéticas permanezcan en el territorio y refuercen la cohesión social y económica, especialmente en islas no capitalinas, donde la implantación de infraestructuras debe ir acompañada de compensaciones claras y participación institucional efectiva.

Además, valoró que el decreto ley introduce ajustes técnicos orientados a simplificar procedimientos sin menoscabo de las garantías ambientales, un aspecto especialmente relevante en un archipiélago con una elevada proporción de espacios naturales protegidos y una fuerte presión sobre el suelo disponible.

“El reto es conjugar agilidad administrativa con máxima protección ambiental y seguridad jurídica”, sostuvo, remarcando que la transición energética debe avanzar con planificación, consenso y respeto a la singularidad territorial de Canarias.

El vicepresidente primero reiteró la disposición del Cabildo de La Gomera a seguir colaborando con el Parlamento y el Gobierno de Canarias para perfeccionar ambos textos normativos. “Nuestro objetivo es claro: fortalecer el papel de los cabildos y garantizar que cualquier reforma normativa refuerce el equilibrio insular y el interés general”, recalcó.