Policía acusado de chivar a su suegro que era investigado dice que su consulta fue fallida
Un agente de la Policía Nacional acusado de chivar a su suegro que era investigado junto a otra persona por tenencia ilícita de armas y munición ha alegado en su descargo que la consulta que hizo a la base informática de este cuerpo de seguridad fue genérica y fallida.
![[Img #103147]](https://gomeraverde.es/upload/images/04_2026/2223_00.jpg)
El procesado se ha acogido a su derecho a no declarar en la vista oral celebrada en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, en la que su abogado pidió la libre absolución con esta argumentación.
En concreto, adujo que la consulta a la base informática fue genérica y resultó fallida, y que nunca se confirmó el volcado de los datos, por lo que no pudieron ser facilitados a terceros.
"Lo único cierto es que no hay pruebas de que se diera a conocer dato alguno, que por otro lado tampoco se pudieron obtener porque la operación fue infructuosa", alegó la defensa.
La Fiscalía mantiene su petición de penas de dos años de cárcel y tres de inhabilitación, lo que, según el letrado que representa al agente, de confirmarse, significará su retirada efectiva del servicio y su expulsión del cuerpo, lo que resulta más grave aún porque en la actualidad ronda los cuarenta años.
En la sesión intervinieron los policías de asuntos internos y los que llevaron a cabo la investigación que se vio frustrada tras esta supuesta filtración, que habría consistido en confirmar a su suegro que la matrícula del coche que permanecía fuera de una nave industrial situada en La Camella, en Arona, pertenecía a la Policía Nacional.
La defensa incidió en que cualquier efectivo tiene acceso a la aplicación informática y que, por lo tanto, su consulta no es exclusiva de un grupo específico.
Aunque el caso data de 2022, no se ha solicitado que se tenga en cuenta la atenuante de dilaciones indebidas, dado que la investigación se realizó en paralelo a otra que culminó con la acusación de la otra persona investigada en aquel entonces, quien fue detenido en 2024.
En concreto, se trataba de un ciudadano español de 61 años con antecedentes penales y a quien se le encontraron en un almacén de La Camella varias armas de fuego y más de 1.200 cartuchos, siete armas cortas y dos largas, otras tres simuladas y una cuarta de las que se utilizan para disparar pintura en juegos de guerra.
La Fiscalía relató en sus conclusiones finales que ambos estaban siendo controlados por un vehículo policial camuflado, por lo que al sospechar de lo que ocurría el suegro contactó con su yerno para que le confirmara si el que permanecía fuera de la nave industrial pertenecía realmente a la Policía.
Con este fin el agente habría accedido en seis ocasiones a la base de datos, donde es posible conocer la titularidad de los vehículos, un fichero informático de carácter reservado y uso exclusivo para la Policía, donde confirmó desde dos terminales informáticos que se trataba de un vehículo camuflado.
Según el Ministerio Público, el resultado de esta consulta fue puesto en conocimiento de su suegro, lo que dio lugar a que se frustrara el dispositivo de vigilancia, su suspensión y por todo ello quedara debilitada la investigación, hasta que en 2024 se procediera a la detención del otro sospechoso.
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El procesado se ha acogido a su derecho a no declarar en la vista oral celebrada en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, en la que su abogado pidió la libre absolución con esta argumentación.
En concreto, adujo que la consulta a la base informática fue genérica y resultó fallida, y que nunca se confirmó el volcado de los datos, por lo que no pudieron ser facilitados a terceros.
"Lo único cierto es que no hay pruebas de que se diera a conocer dato alguno, que por otro lado tampoco se pudieron obtener porque la operación fue infructuosa", alegó la defensa.
La Fiscalía mantiene su petición de penas de dos años de cárcel y tres de inhabilitación, lo que, según el letrado que representa al agente, de confirmarse, significará su retirada efectiva del servicio y su expulsión del cuerpo, lo que resulta más grave aún porque en la actualidad ronda los cuarenta años.
En la sesión intervinieron los policías de asuntos internos y los que llevaron a cabo la investigación que se vio frustrada tras esta supuesta filtración, que habría consistido en confirmar a su suegro que la matrícula del coche que permanecía fuera de una nave industrial situada en La Camella, en Arona, pertenecía a la Policía Nacional.
La defensa incidió en que cualquier efectivo tiene acceso a la aplicación informática y que, por lo tanto, su consulta no es exclusiva de un grupo específico.
Aunque el caso data de 2022, no se ha solicitado que se tenga en cuenta la atenuante de dilaciones indebidas, dado que la investigación se realizó en paralelo a otra que culminó con la acusación de la otra persona investigada en aquel entonces, quien fue detenido en 2024.
En concreto, se trataba de un ciudadano español de 61 años con antecedentes penales y a quien se le encontraron en un almacén de La Camella varias armas de fuego y más de 1.200 cartuchos, siete armas cortas y dos largas, otras tres simuladas y una cuarta de las que se utilizan para disparar pintura en juegos de guerra.
La Fiscalía relató en sus conclusiones finales que ambos estaban siendo controlados por un vehículo policial camuflado, por lo que al sospechar de lo que ocurría el suegro contactó con su yerno para que le confirmara si el que permanecía fuera de la nave industrial pertenecía realmente a la Policía.
Con este fin el agente habría accedido en seis ocasiones a la base de datos, donde es posible conocer la titularidad de los vehículos, un fichero informático de carácter reservado y uso exclusivo para la Policía, donde confirmó desde dos terminales informáticos que se trataba de un vehículo camuflado.
Según el Ministerio Público, el resultado de esta consulta fue puesto en conocimiento de su suegro, lo que dio lugar a que se frustrara el dispositivo de vigilancia, su suspensión y por todo ello quedara debilitada la investigación, hasta que en 2024 se procediera a la detención del otro sospechoso.












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