El grupo insular del PSOE vota en contra de privatizar el servicio de mantenimiento de carreteras

La privatización del servicio supone un presupuesto base de licitación de 16.377.825,83 euros, destinado a la ejecución de las actividades de conservación ordinaria y aseguramiento de la vialidad en las carreteras de titularidad insular. Este contrato tendrá una duración inicial de tres años, con posibilidad de prórroga hasta un máximo de cinco años, lo cual supondría una inversión de casi 25 millones. 

Ya en el pasado mes de noviembre los socialistas se mostraron a favor de que el servicio de carreteras vuelva a ser de gestión directa y pública, ya que “el modelo elegido desde 2021, el de la externalización a través de una unión temporal de empresas, ha demostrado ser una opción claramente peor, tanto por su sobrecoste como por las condiciones laborales que conlleva”. 

Los socialistas advierten de la gravedad de endeudar en cinco millones de euros cada año al Cabildo, teniendo éste un presupuesto de 50 millones, y entienden que “frente a las decisiones del equipo de gobierno de privatizar todo los servicios que consideren, tales como el concierto sociosanitario, la gestión de residuos
sólidos y demás, y nosotros apostamos por la defensa del empleo público a través de la estabilidad del empleado publico, oferta pública de empleo y de la buena gestión, justo lo contrario de lo que han hecho con el servicio de carreteras, que lo han desmontado a lo largo de los años”.

 
Entienden que el mantenimiento del servicio público debe hacerse con personal público para darle estabilidad laboral a un servicio tan esencial en las comunicaciones en una isla con la orografía de La Gomera y que afecta claramente a la seguridad vial. 

Los socialistas ya advirtieron cuando votaron en contra de la modificación del documento el pasado mes de noviembre que se aumentaba casi dos millones el coste total del servicio con una actualización de precios “que se hizo sin memoria que justificara esa subida, e incluyendo en el nuevo convenio carreteras que se quedaron fuera, algo que tenían que haber previsto hace tiempo”. 

Por último, recuerdan que el convenio del personal que tendrá este servicio es el que rige al sector de la construcción “porque fue el que el propio equipo de gobierno quiso poner en el pliego de condiciones para la adjudicación del servicio, podría haber sido otro más favorable a los trabajadores pero no lo hicieron, por tanto, lamentamos que un gobierno que se dice socialista apoye la precariedad laboral a través de la externalización que es, en la práctica, una privatización a través del ejercicio de una política de derechas”.