Canarias publicará semestralmente el dato de los demandantes de vivienda pública

Rodríguez ha comparecido este martes en el Parlamento de Canarias para explicar la implantación del nuevo modelo de baremación y adjudicación de las viviendas públicas y los cambios introducidos en el registro mediante la simplificación del procedimiento de inscripción, que a partir de ahora podrá realizarse tanto de forma presencial como telemática mediante una declaración responsable, sin necesidad de aportar documentación previa.

El consejero ha recordado que el sistema anterior obligaba a realizar el trámite de manera presencial y con toda la documentación desde el inicio, lo que generaba retrasos de meses.

“Había ciudadanos que tardaban entre seis y diez meses en completar la inscripción”, ha dicho, mientras que ahora solo se exigirá la documentación en el momento de resultar adjudicatario.

Además, la vigencia de la inscripción se amplía a cuatro años, frente a los tres actuales, con renovación automática, lo que, según el consejero, facilitará la permanencia de los demandantes en el sistema.

El Ejecutivo prevé que esta flexibilización provoque un incremento del número de inscritos debido a la mayor facilidad de acceso.

En cuanto al sistema de adjudicación, Rodríguez ha destacado como principal cambio la supresión del sorteo y su sustitución por un sistema de baremación basado en criterios económicos, sociales y familiares.

“Ya no será el que más suerte tenga, sino el que más lo necesite”, ha afirmado, al tiempo que ha defendido que se trata de “un acto de justicia social” que aportará mayor equidad y credibilidad a las políticas públicas de vivienda.

El decreto incorpora también nuevos requisitos de arraigo, de modo que para acceder a una vivienda pública será necesario acreditar doce años de residencia continuada en Canarias o quince de forma interrumpida.

A ello se suma la exigencia de cinco años de residencia o trabajo en el municipio donde se ubique la vivienda, con el objetivo de vincular la adjudicación al entorno local; una medida que ha sido criticada por el PSOE, pues cree que no atiende a la realidad de movilidad frecuente por trabajo que viven muchos jóvenes.

El nuevo marco normativo también modifica los cupos de reserva en las promociones públicas y se establece así un mínimo del 5 % para personas con discapacidad con movilidad reducida, un 20 % para jóvenes menores de 35 años, triplicando el porcentaje anterior, un 10 % para mayores de 65 años y un 8 % para víctimas de violencia de género, además de un cupo específico para migrantes retornados.

Otra de las novedades es la regulación de la adjudicación de garajes y anejos no vinculados, como trasteros, que hasta ahora no contaban con un procedimiento específico.

El decreto permitirá su asignación tanto en régimen de alquiler como de compraventa, con prioridad para los residentes del propio edificio, lo que facilitará resolver situaciones acumuladas durante años en promociones públicas donde el propietario de los garajes y trasteros continuaba siendo el Gobierno de Canarias.

“Es un salto importante para que la ciudadanía perciba que las políticas de vivienda se aplican de manera justa, transparente y orientada a quienes más lo necesitan”, ha concluido Rodríguez.