El alcalde de Arrecife declarará como testigo el 9 de junio sobre las multas anuladas
El alcalde de Arrecife de Lanzarote, Yonathan de León (PP), ha informado este martes a través de un comunicado de prensa que ha sido citado a declarar en calidad de testigo el próximo 9 de junio en un caso por multas de tráfico anuladas en el Ayuntamiento.
La plaza número 3 de la sección de instrucción del Tribunal de instancia de Arrecife (antiguo Juzgado de instrucción 3) asumió dicho caso, a resultas de una querella presentada por la Fiscalía respecto a multas de tráfico canceladas de forma irregular en Arrecife.
Las irregularidades fueron inicialmente detectadas por la Policía Local de la capital lanzaroteña, que puso en conocimiento de los responsables municipales la existencia de expedientes sancionadores anulados o cancelados sin mediar expediente administrativo.
El alcalde Yonathan de León ordenó el 18 de octubre una investigación reservada e interna, a través de una providencia que dio pie a una auditoria y a varios informes municipales que se enviaron a Fiscalía, relata su comunicado.
De León también solicitó que se implantaran “medidas cautelares para bloquear temporalmente la capacidad de anulación/cancelación (en el sistema) por parte de cualquier usuario distinto de los expresamente autorizados por Alcaldía, sin perjuicio de la tramitación ordinaria de expedientes”, destaca.
La auditoría puso de manifiesto “la existencia de numerosas actuaciones de anulación de expedientes sancionadores realizados en el sistema informático, identificándose los usuarios que habían ejecutado dichas actuaciones”.
La Fiscalía se querelló contra siete trabajadores municipales y solicitó varias diligencias de investigación, como la declaración de estas personas en calidad de investigados y la del alcalde como testigo, al igual que la de los funcionarios que elaboraron los informes administrativos y de los responsables de la auditoría del sistema CGI, prosigue el primer edil.
De acuerdo a informes municipales, hay hasta 2.279 multas sin expediente formal de resolución dictada por algún órgano competente objeto de anulaciones, que podrían haber sido realizadas, según el escrito de Fiscalía, por esos siete funcionarios contra los que se querella.
En numerosos casos, no hay soporte documental que justifique anular esas sanciones, ya que hace falta tramitar un procedimiento administrativo que incluya una resolución expresa dictada por la Alcaldía, refiere De León.
En otros casos, según la Fiscalía, para anular la multa se utiliza la expresión “por orden directa del alcalde”, por lo que este deberá declarar “a fin de esclarecer esta circunstancia”.
Yonathan de León asegura en el comunicado que “seguirá ofreciendo a la Justicia su colaboración y cooperación para el esclarecimiento de estas anulaciones” y que reiterará la investigación interna del Ayuntamiento y de la Concejalía de Policía Local, de la que es titular.
La plaza número 3 de la sección de instrucción del Tribunal de instancia de Arrecife (antiguo Juzgado de instrucción 3) asumió dicho caso, a resultas de una querella presentada por la Fiscalía respecto a multas de tráfico canceladas de forma irregular en Arrecife.
Las irregularidades fueron inicialmente detectadas por la Policía Local de la capital lanzaroteña, que puso en conocimiento de los responsables municipales la existencia de expedientes sancionadores anulados o cancelados sin mediar expediente administrativo.
El alcalde Yonathan de León ordenó el 18 de octubre una investigación reservada e interna, a través de una providencia que dio pie a una auditoria y a varios informes municipales que se enviaron a Fiscalía, relata su comunicado.
De León también solicitó que se implantaran “medidas cautelares para bloquear temporalmente la capacidad de anulación/cancelación (en el sistema) por parte de cualquier usuario distinto de los expresamente autorizados por Alcaldía, sin perjuicio de la tramitación ordinaria de expedientes”, destaca.
La auditoría puso de manifiesto “la existencia de numerosas actuaciones de anulación de expedientes sancionadores realizados en el sistema informático, identificándose los usuarios que habían ejecutado dichas actuaciones”.
La Fiscalía se querelló contra siete trabajadores municipales y solicitó varias diligencias de investigación, como la declaración de estas personas en calidad de investigados y la del alcalde como testigo, al igual que la de los funcionarios que elaboraron los informes administrativos y de los responsables de la auditoría del sistema CGI, prosigue el primer edil.
De acuerdo a informes municipales, hay hasta 2.279 multas sin expediente formal de resolución dictada por algún órgano competente objeto de anulaciones, que podrían haber sido realizadas, según el escrito de Fiscalía, por esos siete funcionarios contra los que se querella.
En numerosos casos, no hay soporte documental que justifique anular esas sanciones, ya que hace falta tramitar un procedimiento administrativo que incluya una resolución expresa dictada por la Alcaldía, refiere De León.
En otros casos, según la Fiscalía, para anular la multa se utiliza la expresión “por orden directa del alcalde”, por lo que este deberá declarar “a fin de esclarecer esta circunstancia”.
Yonathan de León asegura en el comunicado que “seguirá ofreciendo a la Justicia su colaboración y cooperación para el esclarecimiento de estas anulaciones” y que reiterará la investigación interna del Ayuntamiento y de la Concejalía de Policía Local, de la que es titular.
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