Turismo niega que pueda parar las sanciones por uso residencial de viviendas turísticas

De León ha comparecido en el pleno del Parlamento a petición del PSOE y de Nueva Canarias, cuyos representantes Gustavo Santana y Esther González han denunciado el fracaso del decreto aprobado hace un año por el Gobierno sobre el uso turístico, tras el cual han continuado los expedientes sancionadores a los propietarios.

La consejera ha señalado que hay un total de 176 expedientes sancionadores, pero ha señalado que no parten de la administración, sino que son actuaciones de oficio ante denuncias cruzadas entre propietarios y explotadores turísticos ante las que el Gobierno de Canarias tiene el deber legal de actuar.

Ha defendido la necesidad de impulsar un nuevo marco normativo para solucionar la situación de los propietarios con uso residencial en zonas turísticas y ha señalado que es la Ley de 2013 la que obliga a la unidad de explotación de los complejos turísticos.

Jéssica de León ha insistido en que no es posible legalmente una suspensión inmediata de los expedientes sancionadores y ha reprochado a los grupos de la oposición que prometan a los afectados soluciones inviables.

La salida legal pasa por dar respuesta a tres realidades diferenciadas, que son la residencialización de los complejos, la utilización de apartamentos como segundas residencias y la explotación como viviendas vacacionales de apartamentos sin gestor turístico, ha señalado De León.

Para ello, se lleva "meses" trabajando con cabildos y ayuntamientos en el diseño de la futura ordenación urbanística, ha dicho De León, quien ha destacado el trabajo pionero del ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana para la creación de una ordenanza municipal que puede servir de referencia para el resto de consistorios.

La consejera ha pedido disculpas a las familias afectadas, ha ofrecido diálogo a todas las partes y a los partidos de la oposición y ha insistido en que se está trabajando para resolver el problema en esta legislatura.

Gustavo Santana, del grupo Socialista, ha recordado que ya hace un año que el Gobierno aprobó el decreto sobre el uso turístico de los apartamentos residenciales en el archipiélago con el que prometió seguridad jurídica para los propietarios y desde entonces la Consejería ha tramitado 62 nuevos procedimientos sancionadores.

Santana ha advertido de que hay más de 70.000 personas afectadas en Canarias, ha reclamado una profunda modificación de las normas y ha denunciado la ineficacia de la política turística del Gobierno de CC y PP cuando falta solo un año para la finalización de la legislatura.

En su opinión, el Gobierno ha dado prioridad a la unidad de explotación frente a los intereses de los afectados por conservar sus casas y ha dilatado las soluciones mediante cambios normativos orientados a complicar las futuras resoluciones judiciales sobre esta materia.

Santana ha exigido el cese de las trabas para garantizar el derecho básico de estos ciudadanos a residir con normalidad en sus propias viviendas.

La representante de Nueva Canarias, Esther González, ha denunciado el gran sufrimiento de los afectados por las sanciones por residir en sus propias viviendas, ubicadas en zonas turísticas pero no en suelo turístico, sino mixto, y ha afirmado que 2.000 familias han sido sancionadas por ello.

González ha advertido de que la actuación de la Consejería ha generado un miedo constante entre los vecinos al tener que elegir entre residir en sus casas o recibir multas y ha reprochado a la administración autonómica que tramite nuevas denuncias.

Esta normativa provoca la expulsión de la población local para favorecer la explotación turística de estos inmuebles, ha afirmado la representante de Nueva Canarias.

Esther González ha exigido la revisión de oficio de los expedientes sancionadores, que obligan a los afectados a acudir a los tribunales para defender su derecho constitucional a la vivienda.