ASCAV "Más de 20 años de retraso para modificar el principio de unidad de explotación turística"

Así consta en el Dictamen motivado de Infracción de la Comisión Europea nº 2002/4861 en la que se insta al Gobierno de Canarias a restituir los derechos de los propietarios de apartamentos turísticos.

Evidentemente esta resolución de la Comisión no fue atendida por el Gobierno de Canarias y hasta la fecha, más de veinte años después, los operadores turísticos han continuado explotando dichos apartamentos contraviniendo el Dictamen del órgano europeo.

En el año 2022 también ASCAV, en defensa de una parte importante de sus asociados,  interpuso una denuncia ante las autoridades europeas por mencionada situación, entendiendo que se vulneraban los derechos de los propietarios.

Recordemos que desde la Ley 7/1995 de Ordenación del Turismo de Canarias y la Ley 2/2013, más de 200.000 pequeños propietarios se ven obligados a ceder sus propiedades a un único explotador turístico, sin derecho de usarlos ellos mismos temporalmente, usarlos como vivienda habitual o a alquilarlos a terceros. Sin embargo, las derramas de mejoras en los complejos no van a coste del explotador, sino van a cargo de los propietarios en forma de derramas. Una obligación, que ha llegado a que, según información de propietarios asociados, perciban en algunos casos rentas ridículas, que rondan los 300 €/mes por su apartamento. A pesar, que algunas de las 200.000 familias canarias que invirtieron sus ahorros, compraran incluso antes que entrara en vigor la Ley 7/1995 de Ordenación del Turismo de Canarias.

Cabe recordar también, que muchos de dichos complejos fueron abandonados por los explotadores, durante las diferentes crisis turísticas, dejando a los propietarios desamparados. Algunos complejos fueron residencializados, pero en ningún caso se abrió la mano por parte del Gobierno de Canarias a que los propietarios pudieran legalmente hacer cualquier uso de estos.

Durante años y años hemos leído innumerables titulares de “multas y sanciones a propietarios de apartamentos turísticos por hacer uso propio o alquilarlos a terceros”. Sanciones que han obligado a los propietarios a acudir a los Tribunales.

Es más, a pesar de encontrarse dichos complejos abandonados por “explotadores” en suelo turístico o mixto-turístico residencial estaban vetados a dedicarlos a vivienda vacacional, cuando el uso debía ser “turístico”. Una contradicción en sí misma.

Ahora ASCAV se sorprende viendo titulares https://www.canarias7.es/economia/turismo/leon-abre-melon-unidad-explotacion-permitira-vender-20260225075101-nt.html , en los que la consejera de Turismo anuncia, también a las patronales, que ha de ser modificada la Ley por exigencias de Europa.

Según declaraciones de la propia Consejería de Turismo, este anuncio no se hace por la emergencia habitacional o por atender las reivindicaciones de los afectados que llevan luchando desde hace años, sino por un imperativo que viene de Europa.

ASCAV y las miles de familias canarias afectadas no sólo merecen una explicación por parte del Gobierno de Canarias, sino que se tomen medidas urgentes para, como mínimo, restablecer los derechos de los propietarios de apartamentos turísticos. Evidentemente, hasta ese momento, se deberían parar inmediatamente todo tipo de sanciones.

Asimismo, ASCAV espera que el Gobierno de Canarias recapacite con las modificaciones pendientes de la Ley 6/2025 de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Vivienda, según las reivindicaciones, ya no sólo de ASCAV, sino de 733 asociaciones, federaciones, empresas y trabajadores autónomos. Que tenga en cuenta, el grave perjuicio que causaría a otra importante parte de la ciudadanía y a la actividad económica del Archipiélago, por ejemplo, el no declarar la actividad clasificada inocua. A todas luces, dicha Ley también tiene visos de contravenir los derechos europeos de los pequeños propietarios.

Durante la última estancia en Bruselas, ASCAV ya ha sido instada por parte de la Comisión Europea a redactar un informe sobre la Ley 6/2025, que será revisado en aquellos términos que contravengan las normativas de la UE.

Por tanto, ASCAV solicita al Gobierno de Canarias altura de miras y la paralización de cualquier normativa actual que socave el derecho legítimo de miles de familias canarias. De lo contrario, quedaría en evidencia, a quién favorece y a quién protege el Gobierno de Canarias sistemáticamente.