Al considerar que el Estado carece de competencias para crearlo
ASCAV: El Supremo anula el registro único de alquileres turísticos
Al día siguiente de entra en vigor el Real Decreto 1312/2024 que imponía a las viviendas vacacionales la obligatoriedad de obtener un nuevo y duplicado número de registro (en este caso ante el Registro de la Propiedad), nuestra Asociación, gracias al apoyo unánime de los socios que así lo acordaron en Asamblea General, interpuso recurso ante el Tribunal Supremo solicitando la nulidad de ese Real Decreto.
![[Img #103715]](https://gomeraverde.es/upload/images/05_2026/4480_00.jpg)
Hoy, el Tribunal Supremo ha dictado la primera de las 5 sentencias en esta materia. Hoy el TS ha hecho justicia, anulando el Real Decreto 1312/2024, tal y como hemos venido defendiendo reiteradamente. No podemos más que sentirnos satisfechos, orgullosos del trabajo bien hecho.
Ahora, miles de propietarios de viviendas vacacionales pueden dormir más tranquilos sabiendo que el Tribunal Supremo ha enderezado el rumbo desorientado que marcó el Gobierno de España.
Ahora miles de propietarios podrán reclamar a los registradores lo que pagaron al amparo de una norma nula. También todos aquellos que fueron ilegalmente excluidos de la comercialización se les abre la vía para reclamar al Gobierno de España por responsabilidad patrimonial ante los daños causados por lucro cesante.
Hoy, el Tribunal Supremo ha dictado la primera de las 5 sentencias en esta materia. Hoy el TS ha hecho justicia, anulando el Real Decreto 1312/2024, tal y como hemos venido defendiendo reiteradamente. No podemos más que sentirnos satisfechos, orgullosos del trabajo bien hecho.
Ahora, miles de propietarios de viviendas vacacionales pueden dormir más tranquilos sabiendo que el Tribunal Supremo ha enderezado el rumbo desorientado que marcó el Gobierno de España.
Ahora miles de propietarios podrán reclamar a los registradores lo que pagaron al amparo de una norma nula. También todos aquellos que fueron ilegalmente excluidos de la comercialización se les abre la vía para reclamar al Gobierno de España por responsabilidad patrimonial ante los daños causados por lucro cesante.
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