El Supremo rechaza paralizar cautelarmente la regularización de inmigrantes

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal ha tomado esta decisión después de celebrar cinco vistas en las que ha escuchado los argumentos de los cinco solicitantes -el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso, Vox, Hazte Oír, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica y la Asociación Libertad y Justicia- y del Gobierno, que ha pedido no frenar la medida.

Según ha adelantado la Sala Tercera tras más de tres horas de deliberación, el tribunal ha rechazado admitir a trámite los recursos de Hazte Oír, la Asociación Libertad y Justicia y la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica al considerar que no están legitimados para impugnar la medida ante la Justicia.

Sí que ha admitido la legitimación de Vox y la Comunidad de Madrid, pero ha rechazado la suspensión cautelar del real decreto que instaban. Sus argumentos se conocerán en los próximos días al notificarse los respectivos auto.

El real decreto para la regularización entró en vigor el pasado 16 de abril con el objetivo de dar permiso de residencia y trabajo a unas 500.000 personas que ya viven en el país y, hasta ayer, el Ejecutivo ha recibido 549.596 solicitudes, de las cuales 91.505 han sido admitidas a trámite, lo que significa la concesión de una primera autorización provisional para residir y trabajar en España.

De esta forma, la Sala responde solo a la petición de medidas cautelares de la Comunidad de Madrid y de Vox, ya que rechaza la legitimación de las asociaciones para recurrir el real decreto.

Fuentes de Hazte Oír han informado que la entidad recurrirá tanto esta decisión como la denegación de la medida cautelar "por el grave riesgo que entraña el que no se admita esta medida con urgencia".

Durante la vista, la Abogacía del Estado ya había cuestionado la legitimación de las entidades, al considerar que la mera atribución en sus estatutos de principios como la defensa del orden jurídico o los valores constitucionales no era suficiente para demostrar un interés específico en este proceso.

Entre otros argumentos en contra de la medida extraordinaria, los recurrentes han asegurado hoy ante el Supremo que es contraria al derecho nacional y europeo y puede suponer un colapso de los servicios públicos como la sanidad, alegatos todos ellos rebatidos por el Ejecutivo.

La Comunidad de Madrid ha incidido en los efectos que este proceso tendrá en los servicios públicos, ya que el Gobierno regional estima que solo en esta comunidad se beneficiarán 255.00 personas, y Vox ha advertido de un conflicto "brutal" con el Pacto Europeo de Migración y Asilo, que entra en vigor el próximo mes de junio.

Y para justificar la adopción de medidas cautelares que ellos habían pedido, han asegurado que la concesión de autorizaciones provisionales mientras se resuelven las peticiones iba a crear unos "derechos consolidados" que luego no iba a ser posible revertir.

El abogado del Estado, por su parte, ha defendido la medida para lograr la integración de las personas que ya están en España a través de un proceso "especialmente limitado" que tendrá efectos positivos a medio y largo plazo en el crecimiento del PIB, para lo que se ha apoyado en informes del Defensor del Pueblo y el Consejo Económico y Social.