Piden hasta 19,5 años de cárcel para un acusado de estafas informáticas a 40 personas
La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife pide para dos personas, un hombre y una mujer, 19,5 años y 3 años de prisión respectivamente, acusadas de al menos 40 estafas informáticas y extorsiones.
El relato de la Fiscalía indica que las estafas, que se juzgaran el próximo 15 de junio en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, consistían en ofrecer servicios informáticos ilegales a cambio de dinero y no llevarlos a cabo, ni devolver dinero y en algunos casos chantajear a quienes se los encargaban
La Fiscalía pide para el hombre 4,5 años de cárcel por estafa, 15 por extorsión y multa de 1.800 euros y para la mujer tres años y tres meses de prisión y una sanción de casi 2.000 euros por el primer cargo y a ambos la devolución de los 64.000 euros apropiados.
Los pagos oscilaron entre 15.000 euros en un caso y unos 20 en otros, cantidades catalogadas por la Fiscalía como “ínfimas” e incluso “antieconómicas” si hubieran sido realizados por expertos.
Las víctimas accedían a los anuncios que se publicaban en páginas web de compraventa ofertando recuperación de whatsapp, entrar en cuentas, teléfonos, redes y correos ajenos o acceder a plataformas para conocer exámenes de oposiciones, borrados de multas de seguridad social, tráfico o hacienda o geolocalización de móviles.
En total se llegaron a publicar 40 reclamos con distinta identificación, se dispusieron de hasta 38 cuentas de correo y 24 números de teléfono distintos que presuntamente controlaban por medio de internet para que no los relacionaran entre ellos.
Según la Fiscalía, al parecer el encausado se encargaba de responder a las peticiones y la acusada de recoger el dinero por los servicios ofrecidos pero que nunca se llegaron a realizar.
Como consecuencia de todo ello lograron recibir por medio de 265 operaciones bancarias consistentes en traspasos, transferencias, ingresos o imposiciones en efectivo, importes que variaban entre los 20 y los 15.000 euros.
A veces tras recibir la primera cantidad, presuntamente el procesado pedía más para completar los encargos por lo que los estafados volvían a ser engañados con la amenaza de que pondrían en conocimiento de la persona a cuyas cuentas se quería acceder de lo que le habían pedido.
En otras llegaron a acceder a las cuentas de los engañados con los datos que estos les proporcionaron y los coaccionaban para que les dieran más dinero.
El relato de la Fiscalía indica que las estafas, que se juzgaran el próximo 15 de junio en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, consistían en ofrecer servicios informáticos ilegales a cambio de dinero y no llevarlos a cabo, ni devolver dinero y en algunos casos chantajear a quienes se los encargaban
La Fiscalía pide para el hombre 4,5 años de cárcel por estafa, 15 por extorsión y multa de 1.800 euros y para la mujer tres años y tres meses de prisión y una sanción de casi 2.000 euros por el primer cargo y a ambos la devolución de los 64.000 euros apropiados.
Los pagos oscilaron entre 15.000 euros en un caso y unos 20 en otros, cantidades catalogadas por la Fiscalía como “ínfimas” e incluso “antieconómicas” si hubieran sido realizados por expertos.
Las víctimas accedían a los anuncios que se publicaban en páginas web de compraventa ofertando recuperación de whatsapp, entrar en cuentas, teléfonos, redes y correos ajenos o acceder a plataformas para conocer exámenes de oposiciones, borrados de multas de seguridad social, tráfico o hacienda o geolocalización de móviles.
En total se llegaron a publicar 40 reclamos con distinta identificación, se dispusieron de hasta 38 cuentas de correo y 24 números de teléfono distintos que presuntamente controlaban por medio de internet para que no los relacionaran entre ellos.
Según la Fiscalía, al parecer el encausado se encargaba de responder a las peticiones y la acusada de recoger el dinero por los servicios ofrecidos pero que nunca se llegaron a realizar.
Como consecuencia de todo ello lograron recibir por medio de 265 operaciones bancarias consistentes en traspasos, transferencias, ingresos o imposiciones en efectivo, importes que variaban entre los 20 y los 15.000 euros.
A veces tras recibir la primera cantidad, presuntamente el procesado pedía más para completar los encargos por lo que los estafados volvían a ser engañados con la amenaza de que pondrían en conocimiento de la persona a cuyas cuentas se quería acceder de lo que le habían pedido.
En otras llegaron a acceder a las cuentas de los engañados con los datos que estos les proporcionaron y los coaccionaban para que les dieran más dinero.
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