Fiscalía pide en el juicio 6 años de cárcel por agresión sexual en una playa de Tenerife
La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha acogido este martes la primera sesión del juicio contra un hombre acusado de agredir sexualmente a una estudiante extranjera en una playa del municipio de Adeje, hechos por los que la Fiscalía solicita seis años de prisión.
La víctima ha testificado por videoconferencia que, sobre las 4:00 horas del 18 de mayo de 2024, aceptó dar un paseo con el procesado pero le dejó muy claro "en español, inglés y por gestos" que no quería mantener relaciones.
La joven ha relatado que el acusado la alejó progresivamente de su grupo de amigos por la playa de La Troya y la inmovilizó entre unas rocas.
Según ha declarado la denunciante, el hombre la obligó a practicarle una felación y cometió una supuesta violación sin utilizar preservativo.
Durante el trayecto, la mujer alertó a sus acompañantes mediante mensajes enviados a través de una aplicación para advertirles de que se encontraba en peligro y estaba siendo forzada.
Los amigos lograron localizar el punto exacto gracias a la geolocalización telefónica y encontraron a la mujer sin ropa mientras el individuo se subía los pantalones.
Una de las amigas ha testificado que la afectada se encontraba en un estado de 'shock' total y lloraba fuertemente, lo que le hizo sospechar que había sufrido una agresión.
Los testigos han ofrecido versiones contradictorias sobre la huida del acusado, ya que algunos afirman que abandonó el lugar a la carrera y otros aseguran que se marchó caminando con tranquilidad.
La estudiante acudió a la comisaría varias horas después para interponer la denuncia y aportar capturas de pantalla de los mensajes en los que pedía auxilio.
La inspección médica realizada aquel día determinó que la joven presentaba dolor genital, abrasiones lumbares y excoriaciones en un antebrazo.
Una doctora ha confirmado ante el tribunal que la paciente padece estrés postraumático compatible con las secuelas habituales en las víctimas de violencia sexual.
La defensa ha reclamado la libre absolución de su cliente y ha argumentado la existencia de pruebas biológicas que demostrarían relaciones íntimas previas, extremo negado por la denunciante.
El Ministerio Público solicita también el pago de una indemnización de 8.000 euros por los daños morales causados, además de la imposición de una orden de alejamiento y libertad vigilada durante seis años.
La víctima ha testificado por videoconferencia que, sobre las 4:00 horas del 18 de mayo de 2024, aceptó dar un paseo con el procesado pero le dejó muy claro "en español, inglés y por gestos" que no quería mantener relaciones.
La joven ha relatado que el acusado la alejó progresivamente de su grupo de amigos por la playa de La Troya y la inmovilizó entre unas rocas.
Según ha declarado la denunciante, el hombre la obligó a practicarle una felación y cometió una supuesta violación sin utilizar preservativo.
Durante el trayecto, la mujer alertó a sus acompañantes mediante mensajes enviados a través de una aplicación para advertirles de que se encontraba en peligro y estaba siendo forzada.
Los amigos lograron localizar el punto exacto gracias a la geolocalización telefónica y encontraron a la mujer sin ropa mientras el individuo se subía los pantalones.
Una de las amigas ha testificado que la afectada se encontraba en un estado de 'shock' total y lloraba fuertemente, lo que le hizo sospechar que había sufrido una agresión.
Los testigos han ofrecido versiones contradictorias sobre la huida del acusado, ya que algunos afirman que abandonó el lugar a la carrera y otros aseguran que se marchó caminando con tranquilidad.
La estudiante acudió a la comisaría varias horas después para interponer la denuncia y aportar capturas de pantalla de los mensajes en los que pedía auxilio.
La inspección médica realizada aquel día determinó que la joven presentaba dolor genital, abrasiones lumbares y excoriaciones en un antebrazo.
Una doctora ha confirmado ante el tribunal que la paciente padece estrés postraumático compatible con las secuelas habituales en las víctimas de violencia sexual.
La defensa ha reclamado la libre absolución de su cliente y ha argumentado la existencia de pruebas biológicas que demostrarían relaciones íntimas previas, extremo negado por la denunciante.
El Ministerio Público solicita también el pago de una indemnización de 8.000 euros por los daños morales causados, además de la imposición de una orden de alejamiento y libertad vigilada durante seis años.
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