La Fiscalía mantiene la petición de cuatro años por estafar con falsos alquileres
La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife mantuvo este martes en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial su petición de cuatro años de cárcel para un vecino de Gran Canaria acusado de estafar a varias personas que adelantaron dinero por el alquiler de viviendas que no eran de su propiedad.
El Ministerio Público también solicita que el acusado devuelva las cantidades presuntamente estafadas y abone una indemnización adicional de 500 euros a cada perjudicado por daños morales.
La defensa pidió la libre absolución al considerar que no existe prueba de cargo directa y alegó que la descripción del procesado no coincide con su aspecto físico.
Además, sostuvo que hubo un error en la investigación porque la dirección IP identificada no se correspondería con su teléfono.
De forma subsidiaria, la defensa planteó que los hechos podrían constituir un delito de blanqueo de capitales, penado con entre seis meses y dos años de prisión.
Antes de la vista intentó alcanzar un acuerdo de conformidad, aunque no fue posible porque la Fiscalía rechazó rebajar la pena a menos de tres años de prisión.
La representación del acusado considera, en todo caso, que este podría haber actuado como colaborador y no como autor principal del fraude.
También destacó que una de las denunciantes renunció a continuar en el procedimiento.
El fiscal argumentó que este tipo de delitos se ha incrementado por la falta de vivienda y por personas que se aprovechan de la necesidad de los arrendatarios, haciéndoles creer que disponen de inmuebles que en realidad no pueden alquilar.
Según el escrito de Fiscalía, el acusado publicó anuncios de dos viviendas en páginas especializadas “por medio de anuncios inveraces, pues ni los tenía a su disposición ni podía cumplir con su oferta”, y posteriormente contactó con los denunciantes mediante una aplicación de mensajería.
De esta forma, presuntamente consiguió que una mujer le transfiriera 900 euros a una cuenta bancaria de la que era titular, cantidad de la que supuestamente se apropió sin ofrecer contraprestación alguna.
Asimismo, otro denunciante le transfirió 1.440 euros en tres operaciones de 480 euros cada una y una pareja le envió 500 euros en concepto de fianza, según la Fiscalía.
El fiscal señaló además que la cuenta bancaria en la que se ingresaron las cantidades fue abierta presencialmente por el acusado en Las Palmas de Gran Canaria y que existen imágenes de cámaras de seguridad en las que aparece retirando el dinero en cajeros automáticos.
El Ministerio Público también solicita que el acusado devuelva las cantidades presuntamente estafadas y abone una indemnización adicional de 500 euros a cada perjudicado por daños morales.
La defensa pidió la libre absolución al considerar que no existe prueba de cargo directa y alegó que la descripción del procesado no coincide con su aspecto físico.
Además, sostuvo que hubo un error en la investigación porque la dirección IP identificada no se correspondería con su teléfono.
De forma subsidiaria, la defensa planteó que los hechos podrían constituir un delito de blanqueo de capitales, penado con entre seis meses y dos años de prisión.
Antes de la vista intentó alcanzar un acuerdo de conformidad, aunque no fue posible porque la Fiscalía rechazó rebajar la pena a menos de tres años de prisión.
La representación del acusado considera, en todo caso, que este podría haber actuado como colaborador y no como autor principal del fraude.
También destacó que una de las denunciantes renunció a continuar en el procedimiento.
El fiscal argumentó que este tipo de delitos se ha incrementado por la falta de vivienda y por personas que se aprovechan de la necesidad de los arrendatarios, haciéndoles creer que disponen de inmuebles que en realidad no pueden alquilar.
Según el escrito de Fiscalía, el acusado publicó anuncios de dos viviendas en páginas especializadas “por medio de anuncios inveraces, pues ni los tenía a su disposición ni podía cumplir con su oferta”, y posteriormente contactó con los denunciantes mediante una aplicación de mensajería.
De esta forma, presuntamente consiguió que una mujer le transfiriera 900 euros a una cuenta bancaria de la que era titular, cantidad de la que supuestamente se apropió sin ofrecer contraprestación alguna.
Asimismo, otro denunciante le transfirió 1.440 euros en tres operaciones de 480 euros cada una y una pareja le envió 500 euros en concepto de fianza, según la Fiscalía.
El fiscal señaló además que la cuenta bancaria en la que se ingresaron las cantidades fue abierta presencialmente por el acusado en Las Palmas de Gran Canaria y que existen imágenes de cámaras de seguridad en las que aparece retirando el dinero en cajeros automáticos.
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