Vox propone que la Renta Canaria de Ciudadanía sea solo para residentes legales en España
El grupo de Vox en el Parlamento de Canarias ha presentado una propuesta para que el acceso a la Renta Canaria de Ciudadanía se limite a las personas con residencia legal en España que acrediten una situación de vulnerabilidad económica y un periodo "reforzado" de empadronamiento y residencia efectiva.
La vigente ley de la Renta Canaria de Ciudadanía establece como requisito para poder recibir esta prestación estar empadronado o acreditar residencia efectiva en cualquier municipio de Canarias durante al menos los doce meses inmediatamente anteriores a la solicitud, además de haber solicitado previamente el Ingreso Mínimo Vital cuando se pueda tener derecho a él.
Vox plantea en su proposición no de ley que se valore en un reglamento "la trayectoria de permanencia, cotización, inserción laboral, formación o contribución al sistema" por parte de los solicitantes.
Con esta propuesta, Vox señala en un comunicado que pretende que esta prestación sea un "mecanismo temporal de apoyo para favorecer la inclusión social y laboral de quienes cumplen los requisitos establecidos por la ley, garantizando al mismo tiempo una gestión responsable de los recursos públicos y la sostenibilidad del sistema de protección social".
La vigente ley de la Renta Canaria de Ciudadanía establece como requisito para poder recibir esta prestación estar empadronado o acreditar residencia efectiva en cualquier municipio de Canarias durante al menos los doce meses inmediatamente anteriores a la solicitud, además de haber solicitado previamente el Ingreso Mínimo Vital cuando se pueda tener derecho a él.
Vox plantea en su proposición no de ley que se valore en un reglamento "la trayectoria de permanencia, cotización, inserción laboral, formación o contribución al sistema" por parte de los solicitantes.
Con esta propuesta, Vox señala en un comunicado que pretende que esta prestación sea un "mecanismo temporal de apoyo para favorecer la inclusión social y laboral de quienes cumplen los requisitos establecidos por la ley, garantizando al mismo tiempo una gestión responsable de los recursos públicos y la sostenibilidad del sistema de protección social".
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