Una funcionaria de un ayuntamiento palmero condenada dos años por quedarse 25.686 euros
La Audiencia Provincial tinerfeña ha impuesto dos años de cárcel a una funcionaria de un ayuntamiento palmero, de los que seis meses se corresponde al delito de malversación de fondos públicos y un año y medio por falsedad de documento oficial.
Además, se le impone una multa de 810 euros y se suspende su entrada en prisión con la condición de que no delinca durante cuatro años, tras reconocer que se apropió de 25.686 euros, ya devueltos antes del juicio que tuvo lugar en La Palma a donde se desplazó la Sección Sexta.
En la imposición de la condena se tuvo en cuenta la atenuante de confesión y reparación del daño por lo que la Fiscalía no pidió indemnización alguna pero sí que permanezca inhabilitada para ejercer cualquier tipo de trabajo en el sector público durante tres años y once meses.
La acusada prestaba desde 2013 servicios como auxiliar administrativo en la Intervención de Fondos Municipales mediante contratos de trabajo de acumulación de tareas, por obra o servicios determinados y desde 2024 como personal laboral fijo tras proceso de estabilización de empleo temporal.
En el ejercicio de su puesto pasaban por ella expedientes contables, registros y tramitación de facturas, documentos y realización de pagos, confección de ficheros para ordenar transferencias bancarias.
Todo ello le dio acceso directo y permanente a aplicaciones y documentos de gestión económica financiera de la Corporación local, lo que, según la sentencia, aprovechó para apropiarse de la mencionada cantidad a través de veinte operaciones fraudulentas que suponían manipular facturas de proveedores.
La sentencia añade que la procesada alteraba el número de cuentas bancarias generando ficheros contables falsos de servicios inexistentes para luego ingresar de forma directa esas cantidades en sus propias cuentas como abono de operaciones registradas a favor de terceros.
Una vez que fue descubierta reconoció los hechos y procedió a la devolución voluntaria de los 25.686 euros apropiados, más 811 en concepto de intereses antes de la celebración del juicio.
Durante el procedimiento el Ayuntamiento ejerció como acusación particular y tras llegarse al acuerdo no fue necesario celebrar una vista con jurado como ocurre para estos delitos cometidos por empleados públicos.
Además, se le impone una multa de 810 euros y se suspende su entrada en prisión con la condición de que no delinca durante cuatro años, tras reconocer que se apropió de 25.686 euros, ya devueltos antes del juicio que tuvo lugar en La Palma a donde se desplazó la Sección Sexta.
En la imposición de la condena se tuvo en cuenta la atenuante de confesión y reparación del daño por lo que la Fiscalía no pidió indemnización alguna pero sí que permanezca inhabilitada para ejercer cualquier tipo de trabajo en el sector público durante tres años y once meses.
La acusada prestaba desde 2013 servicios como auxiliar administrativo en la Intervención de Fondos Municipales mediante contratos de trabajo de acumulación de tareas, por obra o servicios determinados y desde 2024 como personal laboral fijo tras proceso de estabilización de empleo temporal.
En el ejercicio de su puesto pasaban por ella expedientes contables, registros y tramitación de facturas, documentos y realización de pagos, confección de ficheros para ordenar transferencias bancarias.
Todo ello le dio acceso directo y permanente a aplicaciones y documentos de gestión económica financiera de la Corporación local, lo que, según la sentencia, aprovechó para apropiarse de la mencionada cantidad a través de veinte operaciones fraudulentas que suponían manipular facturas de proveedores.
La sentencia añade que la procesada alteraba el número de cuentas bancarias generando ficheros contables falsos de servicios inexistentes para luego ingresar de forma directa esas cantidades en sus propias cuentas como abono de operaciones registradas a favor de terceros.
Una vez que fue descubierta reconoció los hechos y procedió a la devolución voluntaria de los 25.686 euros apropiados, más 811 en concepto de intereses antes de la celebración del juicio.
Durante el procedimiento el Ayuntamiento ejerció como acusación particular y tras llegarse al acuerdo no fue necesario celebrar una vista con jurado como ocurre para estos delitos cometidos por empleados públicos.
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