Visocan inicia las visitas previas a la adjudicación de 50 viviendas de alquiler asequible en Santa Cruz de Tenerife

Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias (Visocan) ha iniciado las visitas previas a la adjudicación de 50 viviendas de alquiler asequible en La Gallega, en Santa Cruz de Tenerife, una actuación promovida por esta empresa pública del Gobierno de Canarias. Esta fase permite a las familias solicitantes conocer de primera mano los inmuebles antes de la formalización definitiva de los contratos de alquiler y de la posterior entrega de llaves, dentro de un procedimiento orientado a verificar que las viviendas responden a sus necesidades reales.

Hasta el momento cerca de 40 familias ya han podido visitar esta promoción y avanzar en el proceso de reserva de su futuro hogar. En esta primera fase, los recorridos se están centrando en uno de los dos edificios que integran la actuación de 100 viviendas en alquiler asequible, que ha supuesto una inversión pública conjunta superior a los 11 millones de euros.

El procedimiento comienza con una comprobación previa por parte de Visocan para verificar que las personas solicitantes cumplen los requisitos de acceso a una vivienda protegida establecidos por el Gobierno autonómico. Una vez agendada la cita, las familias recorren la vivienda acompañadas por personal de Visocan, tanto para conocer sus características, como para confirmar que responde a sus necesidades. Una vez realizado este trámite, se procede a reservar el piso como paso previo a la firma del contrato de alquiler.

Con esta actuación, Visocan avanza en su objetivo de ampliar el parque público de vivienda protegida en régimen de alquiler asequible en las Islas y de contribuir a atender la demanda habitacional existente en la capital tinerfeña.

Para inscribirse en el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias, los solicitantes deben ser mayores de edad, residir en Canarias y acreditar al menos cuatro años de residencia continuada en la comunidad autónoma. Además, la unidad familiar o de convivencia debe cumplir los límites de ingresos establecidos, no disponer de una vivienda en propiedad o de un derecho de uso sobre ella y no superar el límite patrimonial permitido por la normativa.