El Gobierno tramitará por la vía urgente la ley que actualiza el sector público canario
El Gobierno de Canarias ha acordado este lunes la tramitación urgente del procedimiento de elaboración y aprobación del anteproyecto de Ley del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Canarias, que plantea una actualización integral de un marco jurídico autonómico, actualizado y coherente con las actuales necesidades de organización y funcionamiento del sector público.
El objetivo de la urgencia es reducir los plazos de esta iniciativa, tanto en fase de elaboración como de aprobación de esta iniciativa legislativa, acordada en Consejo de Gobierno en diciembre de 2024, y acelerar su remisión al Parlamento, indica el Gobierno en una nota.
El anteproyecto cuenta ya con un texto articulado y una memoria justificativa elaborados a partir de los trabajos desarrollados por una comisión de trabajo creada específicamente para estudiar la futura norma.
En este proceso, cuya tramitación corresponde a la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad a través de la Viceconsejería de Administraciones y Transparencia, han participado profesionales del sector público y representantes de distintos departamentos del Gobierno de Canarias.
La futura ley pretende establecer la regulación del sector público institucional de Canarias a través de parámetros modernos que aseguren la eficiencia y la efectividad de la actuación administrativa, señala la nota del Gobierno.
En este sentido, establece un marco normativo que garantice de forma permanente la simplificación administrativa, en todas sus dimensiones; identifique el régimen jurídico aplicable a las entidades que conforman el sector público institucional autonómico; regule las relaciones interadministrativas y defina el marco normativo de la planificación.
Entre sus principales novedades se encuentra el diseño de un sistema de evaluación de las políticas públicas, que permita analizar las intervenciones del Ejecutivo y reforzar los mecanismos de rendición de cuentas
La iniciativa vincula también la nueva regulación con el proceso de transformación tecnológica de la Administración autonómica y pretende proporcionar un marco jurídico para abordar cuestiones como la capacitación digital del personal, el gobierno del dato y la utilización de la inteligencia artificial en el sector público.
El Gobierno de Canarias considera necesario superar un régimen normativo que tiene su origen en la Ley 14/1990, cuyo articulado ha quedado ampliamente afectado por las sucesivas reformas y por la aprobación de nuevas normas reguladoras de los municipios y los cabildos de Canarias.
La propuesta parte además de la evolución experimentada por la legislación estatal básica desde 2015 y de las nuevas competencias asumidas por la Comunidad Autónoma tras la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias de 2018.
El objetivo de la urgencia es reducir los plazos de esta iniciativa, tanto en fase de elaboración como de aprobación de esta iniciativa legislativa, acordada en Consejo de Gobierno en diciembre de 2024, y acelerar su remisión al Parlamento, indica el Gobierno en una nota.
El anteproyecto cuenta ya con un texto articulado y una memoria justificativa elaborados a partir de los trabajos desarrollados por una comisión de trabajo creada específicamente para estudiar la futura norma.
En este proceso, cuya tramitación corresponde a la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad a través de la Viceconsejería de Administraciones y Transparencia, han participado profesionales del sector público y representantes de distintos departamentos del Gobierno de Canarias.
La futura ley pretende establecer la regulación del sector público institucional de Canarias a través de parámetros modernos que aseguren la eficiencia y la efectividad de la actuación administrativa, señala la nota del Gobierno.
En este sentido, establece un marco normativo que garantice de forma permanente la simplificación administrativa, en todas sus dimensiones; identifique el régimen jurídico aplicable a las entidades que conforman el sector público institucional autonómico; regule las relaciones interadministrativas y defina el marco normativo de la planificación.
Entre sus principales novedades se encuentra el diseño de un sistema de evaluación de las políticas públicas, que permita analizar las intervenciones del Ejecutivo y reforzar los mecanismos de rendición de cuentas
La iniciativa vincula también la nueva regulación con el proceso de transformación tecnológica de la Administración autonómica y pretende proporcionar un marco jurídico para abordar cuestiones como la capacitación digital del personal, el gobierno del dato y la utilización de la inteligencia artificial en el sector público.
El Gobierno de Canarias considera necesario superar un régimen normativo que tiene su origen en la Ley 14/1990, cuyo articulado ha quedado ampliamente afectado por las sucesivas reformas y por la aprobación de nuevas normas reguladoras de los municipios y los cabildos de Canarias.
La propuesta parte además de la evolución experimentada por la legislación estatal básica desde 2015 y de las nuevas competencias asumidas por la Comunidad Autónoma tras la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias de 2018.
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